Sentencia N° 165 Constitucional TSJ 2000: Edgar Eduardo Rincones — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Eduardo Rincones, quien alegaba la falta de pronunciamiento del Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure respecto a su solicitud de libertad. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción de amparo, argumentando que el agraviado había optado por la vía ordinaria para solicitar su libertad, lo que impedía el acceso a la vía extraordinaria del amparo constitucional.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “…será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad…”; teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA, aun cuando sobre la base de una motivación diferente, la decisión objeto de esta consulta dictada en fecha 03 de septiembre de 1999 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano EDGAR EDUARDO RINCONES. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado.