Sentencia N° 1649 Constitucional TSJ 2001: Rafael León Burguera vs Andisacos S.A. — Acción de amparo constitucional interpuesta…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una consulta sobre la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael León Burguera. Este había sido acusado de desacato de amparo, pero la Corte consideró que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, ya que no fue notificado adecuadamente ni se le permitió designar un defensor. La Sala Constitucional confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones, revocando el auto de apertura a juicio en su contra.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente consulta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le corresponde conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia. En el presente caso, se encuentra sometida a la consulta de ley una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de un Tribunal de Control. Por tales motivos, esta Sala Constitucional, congruente con los criterios establecidos en los fallos antes mencionados, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide. Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional bajo examen fue interpuesta contra el pronunciamiento proferido, el 4 de octubre de 2000, por el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que ordenó, previa admisión de la acusación propuesta por el Ministerio Público, la apertura a juicio, oral y público, contra el quejoso por la presunta comisión del delito de desacato de mandamiento de amparo, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, el accionante interpuso la acción de amparo por cuanto consideró que, en la fase preparatoria del proceso penal, nunca pudo comparecer ante la sede del Ministerio Público para que se le tomase alguna declaración, que nunca tuvo la posibilidad de nombrar su defensor privado y que no lo notificaron con antelación para poder preparar su defensa, ya que de las actas del expediente penal no se evidenciaba que, efectivamente, se hubiese hecho dicha notificación. Asimismo señaló que, en la celebración de la audiencia preliminar, el Juez de Control no hizo mención de los alegatos que señaló, referidos a que no estaba configurado el delito de desacato de mandamiento de amparo, ya que un Tribunal, que conocía de la acción de nulidad contra la resolución dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, había suspendido los efectos de la misma, la cual obligaba a ANDISACOS S.A. a reenganchar y pagar los salarios caídos del ciudadano ANGEL RADAMÉS RIVAS PIÑA.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 8 de diciembre de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RAFAEL LEÓN BURGUERA, contra la decisión del 4 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Primero de Control de ese Circuito Judicial Penal, que ordenó la apertura a juicio en su contra, por la presunta comisión del delito de “desacato de amparo”, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.