Sentencia N° 1633 Constitucional TSJ 2001: Zacarías Jaafar Afif Hachien — Amparo Constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda de amparo constitucional interpuesta por Zacarías Jaafar Afif Hachien, quien alegaba violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala consideró que las denuncias no eran procedentes y que el tribunal de la causa no había actuado fuera de su competencia ni con abuso de poder. Además, se determinó que el demandante había tenido la oportunidad de alegar y presentar pruebas en su favor durante el juicio original.

Para decidir, la Sala observa que la sentencia apelada declaró sin lugar la demanda de amparo por considerar que las denuncias relativas a la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del demandante no eran procedentes. Además, consideró el tribunal de la causa que, para que procediera un amparo contra decisión judicial, había que demostrar que el tribunal había actuado fuera de su competencia y con abuso de poder o extralimitación de funciones, lo cual constató que no era el caso. Respecto de lo decidido por el tribunal de primera instancia, encuentra la Sala que, ciertamente, la modalidad del amparo contra decisiones judiciales, establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha sido objeto de múltiples precisiones jurisprudenciales y se ha determinado, en aras de la protección a la cosa juzgada, que dicho amparo procede solamente cuando esté comprobado en autos que el Juez de la sentencia objeto de impugnación haya actuado fuera del marco de su competencia, con abuso de poder o extralimitación de funciones y que esta actuación haya significado una vulneración directa y flagrante en la defensa del justiciable. Sobre este punto, la Sala ha indicado lo siguiente: “Esta Sala ha señalado que la acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias” (s.S.C, 6.2.01, expediente nº 00-1301.) En el caso de autos, se observa que la parte demandante fundamentó sus lesiones de derechos constitucionales en el hecho de que su alegato, de falta de cualidad e interés de la parte demandante en el juicio de resolución de contrato de arrendamiento, no fue declarado procedente, sino, por el contrario, el tribunal de la causa del referido juicio estimó que el propietario del inmueble sí tenía interés en demandar la resolución del contrato por la falta de pago de los cánones de arrendamiento. Pues bien, esta denuncia, opuesta en la primera instancia del juicio original, fue ventilada luego en la alzada, en la que, igualmente fue desestimada, y ahora ha sido traída a sede constitucional a través del amparo interpuesto. Ahora bien, la Sala estima que la vía del amparo constitucional no puede dar lugar a un nuevo juicio, en tercera instancia, sobre la legalidad de la sentencia recurrida. En efecto, no puede esta Sala revisar la conformidad a derecho de la cesión que la Administradora Adconpro, C.A. le habría hecho al propietario del inmueble del contrato de arrendamiento, que es la base de la mencionada denuncia concerniente a la falta de cualidad o interés del demandante en amparo y demandado en el juicio por resolución de contrato. Por otra parte, de los autos no se evidencia ninguna violación a los derechos a la defensa y al debido proceso del quejoso, pues éste participó en el juicio de resolución de contrato y pudo alegar y presentar pruebas en su favor. Cosa distinta es que el fallo definitivo haya sido contrario a su pretensión. Ahora bien, la Sala debe insistir en que cuando un fallo es desfavorable a los intereses de alguna de las partes –lo cual, en principio, siempre sucederá- y dicha decisión judicial, si es el resultado de un proceso judicial llevado con apego a las normas aplicables, es recurrida a través del amparo constitucional, lo ocurrido regular y sistemáticamente es que dichas solicitudes de tutela constitucional no proceden, por cuanto no existen las violaciones de los derechos o garantías constitucionales denunciados. Por último, la Sala debe revocar la medida cautelar decidida por el tribunal de la causa. En efecto, se constata del dispositivo de la decisión apelada que el tribunal consideró mantener la medida cautelar que habría sido decretada hasta tanto esta Sala resolviera definitivamente el asunto.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda de amparo constitucional, intentada por el ciudadano ZACARÍAS JAAFAR AFIF HACHIEN, contra el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la misma Circunscripción el 17 de mayo de 2001. Se revoca la medida cautelar decretada por el a quo. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.