Sentencia N° 163 Constitucional TSJ 2001: Cristian Hernán Rodríguez — La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristian Hernán Rodríguez, representado por sus defensores. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el recurso de amparo sobrevenido, argumentando que los hechos denunciados podían ser resueltos a través de los mecanismos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. La Sala observa que las irregularidades denunciadas no justifican el uso del amparo constitucional, ya que existen vías idóneas para proteger los derechos alegados.

La Sala para decidir observa que la consultada declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, toda vez que consideró que los hechos denunciados por la parte accionante podían haber sido resueltos a través de los mecanismos que prevé el Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, se observa que la parte accionante basa la infracción al derecho al debido proceso -el cual circunscribe a la participación ciudadana prevista en el Código Orgánico Procesal Penal-, en la exclusión de dos escabinos y en otras supuestas irregularidades, tales como no haberse respetado el orden de sorteo de los escabinos, siendo designados principales personas que habrían resultado electas suplentes. La violación del derecho a la defensa, previsto en la disposición contemplada en el artículo 68 de la Constitución de la República (derogada), la fundamenta en la falta de citación o notificación de los testigos de la defensa, promovidos, a su decir, oportunamente por los abogados Defensores y por cuanto “(...) el procedimiento empleado para incorporar a este proceso los posibles antecedentes penales del imputado, en este caso resulta ilícito”. En efecto, el accionante denuncia concretamente la exclusión indebida del ciudadano José Gregorio Hernández Freites, quien habría sido elegido como escabino, por cuanto “no puede afirmarse que no cumpla con el requisito del Ordinal 3 del Artículo 148 del COPP, TODA VEZ QUE EL MENCIONADO CIUDADANO, según lo señaló en acta ante el Tribunal, es Bachiller”. Ahora bien, esta Sala observa que la exclusión del mencionado ciudadano como escabino se fundamentó en el hecho de que el mismo si bien es bachiller no es profesional, por lo que el tribunal estimó que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley para ser escabino. Además, el propio ciudadano habría manifestado que reside a tres horas del lugar de ubicación del tribunal, por lo que el traslado al tribunal suponía un alto costo económico. (Ver folio 99). Asimismo, observa la Sala que la denuncia de la exclusión como escabina de la ciudadana María Victoriana Barazarte hecha, en criterio del accionante, irregularmente, se debió a que la hija de la designada como escabina se trasladó al tribunal a informar que su madre era analfabeta y además estaba enferma de salud, razones por las cuales no podía ser escabina. (Ver folio 100). En cuanto a las presuntas irregularidades derivadas de la falta de notificación de los escabinos Helen de la Coromoto Hernández y Gabriel Arcángel Guillén la Sala observa que el Alguacil del Tribunal dejó constancia de que la dirección de la ciudadana Helen de la Coromoto Hernández era inexacta y el ciudadano Gabriel Arcángel Guillén no residía en la dirección que le había sido indicada. Asimismo, se observa que la escabino Wendy Cristina López Chávez, según diligencia del Alguacil habría cambiado el lugar de su residencia.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano CRISTIAN HERNÁN RODRÍGUEZ, sin cédula de identidad, representado por los Defensores, abogados Einer Elias Biel Morales y Pedro Alejandro Moreno. En consecuencia se CONFIRMA la sentencia dictada, en fecha 27 de marzo de 2000, por la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua que declaró inadmisible la mencionada acción de amparo constitucional.