Sentencia N° 1622 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Rodolfo Yemes y Alejandro Rodolfo… vs Angela Noé de Ochoa

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo que declaró terminado el procedimiento de amparo constitucional por abandono de trámite. La Sala argumenta que la acción de amparo puede ser interpuesta por cualquier persona afectada en sus derechos, y que la falta de asistencia del abogado no debe llevar a la terminación del procedimiento. Se ordena la reposición de la causa para la fijación de una nueva audiencia constitucional.

Revisadas como han sido las actas procesales contenidas en el presente expediente, esta Sala pasa a decidir y, para ello, observa: Que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, objeto del recurso de apelación que se somete al conocimiento de la Sala, declaró terminado el procedimiento de amparo por abandono de trámite del presunto agraviado, motivado a la inasistencia del defensor de los accionantes. Al respecto se observa que, en cuanto a la representación en los procesos de amparo, según el criterio sostenido por esta Sala en sentencia del 19 de julio de 2000, caso: Rubén Darío Guerra, se estableció lo siguiente: “Existe un interés constitucional, básico, para que los mandatos constitucionales tengan plena vigencia y así se mantenga la supremacía de la Constitución, y de ese interés...gozan todos los ciudadanos...de allí...que la acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona distinta a la víctima, sin necesidad de aducir interés. Tal premisa se haría nugatoria, si al accionante del habeas corpus se le exigiera la representación o la asistencia de abogado. Pero igualmente la urgencia que ésta involucra en el amparo ordinario, y la necesidad de impedir la transgresión constitucional, o que ella se convierta en un daño irreparable en la situación jurídica del accionante, no puede quedar condicionada a que la víctima de la infracción constitucional tenga que recurrir a un abogado para que la asista o la represente con motivo del amparo. Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste deberá ser abogado en ejercicio... Advierte esta Sala, que si bien es cierto que para incoar la acción de amparo no se necesita de la asistencia o representación de abogado, no es menos cierto que para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, y ante la constatación de que el accionante que no es abogado, presentó su escrito sin asistencia o representación de abogado, de ser admitido el amparo y precavido que el supuesto agraviado no concurriere a la audiencia constitucional u otros actos del proceso asistido por profesionales del derecho, al admitir el amparo el Tribunal que lo conoce debe ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, para que en razón de los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la vigente Constitución, si el accionante se negare a nombrar abogado, lo asista en los aspectos técnicos de la defensa de sus intereses...

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley: 1. REVOCA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo el 17 de octubre de 2000, que declaró terminado el procedimiento, por abandono de trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Alejandro Rodolfo Yemes y Alejandro Rodolfo Yemes Navas, actuando en su carácter de defensores de los ciudadanos MARIO NAIN MARCANO BENAVENTE Y CARLOS GIL CASTILLO, contra las actuaciones de la ciudadana Angelica Noe de Ochoa, Jueza de Juicio N. 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, quien actuó como Presidenta del Tribunal de Jurado, en la causa seguida contra sus defendidos. 2. REPONE la causa al estado de que la referida Corte fije una nueva oportunidad para la realización de la audiencia constitucional, previa las notificaciones correspondientes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.