Sentencia N° 162 Constitucional TSJ 2000: Arturo Azuaje Torres — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma el fallo del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Arturo Azuaje Torres. La Sala considera que se han violado derechos constitucionales del accionante, específicamente el derecho a la defensa, al debido proceso, a la libertad y a la paz, debido a decisiones previas del Tribunal de Primera Instancia del Trabajo que ordenaron su arresto por incumplimiento de multas.

El amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, por lo que su procedencia está limitada sólo a casos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes. En el caso de autos, a cuatro derechos constitucionales considera el accionante en amparo que ha producido lesión la sentencia impugnada: derecho a la defensa, derecho al debido proceso, derecho a la libertad y derecho a la paz. En relación con los dos primeros, esta Sala no encuentra evidencia alguna en los autos de irregularidades o actos que hayan privado al proponente del amparo de una defensa o de la posibilidad de traer al proceso hechos o pruebas que le favorezcan, así como tampoco transgresiones, inconsistencias ni arbitrariedades en la conducción del proceso, ni que configuren abuso de poder o extralimitación de funciones. El sentenciador de cuya decisión conoce esta Sala en consulta actuó al respecto con apego a derecho. Así se declara.

CONFIRMA el fallo dictado el 2 de agosto de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional contra la decisión emanada con fecha 25 de junio de 1999, la cual corre inserta al folio cuarenta y uno (41) de los autos. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas para los fines legales consiguientes.