Sentencia N° 1619 Constitucional TSJ 2001: Franklin Alberto Pineda Carvajal vs ROMULO ANTONIO HERNÁNDEZ CHACON y LUIS WILHEM…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo interpuesta por Franklin Alberto Pineda Carvajal en representación de Rómulo Antonio Hernández Chacón y Luis Wilhem Hernández Wiedenhofer. La acción fue declarada inadmisible en parte, debido a que se interpuso fuera del lapso de caducidad establecido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sin embargo, se anuló la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores, respecto a la decisión del 4 de febrero de 2000, ordenando la admisión de la acción de amparo y la realización de una audiencia oral y pública.

El juzgado a quo determinó la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta, basado en que los accionantes interpusieron la acción contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 1999, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Por lo tanto el juzgador que conoció en primera instancia de la presente acción de amparo constitucional, declaró la inadmisibilidad de esta, fundamentándose para ello en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que consagra un lapso de caducidad de 6 meses contados a partir de que el accionante tiene conocimiento de la actuación judicial que pretende lesiva o la amenaza al derecho protegido. En tal sentido, establece dicha disposición: “Artículo 6. - No se admitirá la acción de amparo: ...omissis... 4. -cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación”(Subrayado de la Sala). La norma antes transcrita establece como presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo constitucional, que la misma sea ejercida dentro de un lapso no mayor de seis meses después de la violación aducida, lapso de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción; así, una vez transcurrido dicho lapso será inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, por ser éste un (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador previo al análisis del fondo de la cuestión debatida, es decir, la procedencia o no de la acción de amparo propuesta. Este lapso de caducidad creado por el legislador tiene como función primordial el mantenimiento de la paz social, y resulta ser un presupuesto de validez para el ejercicio de la acción.

1.- CONFIRMA PARCIALMENTE, la decisión dictada el 13 de abril de 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Franklin Alberto Pineda Carvajal, actuando como apoderado judicial de los ciudadanos ROMULO ANTONIO HERNÁNDEZ CHACON y LUIS WILHEM HERNÁNDEZ WIEDENHOFER, contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 1999, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial. 2.- ANULA la parte dispositiva del fallo con respecto a la decisión del 4 de febrero de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, y repone al estado en que se admita y se ordene la audiencia oral y pública, previa la notificación de las partes. 3.- Se ORDENA asimismo, al Juzgado que resulte atribuido de competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada por los accionantes, contra la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la misma Circunscripción Judicial.