Sentencia N° 1611 — Sala Constitucional del TSJ, 17 de agosto de 2004

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente in limine litis la demanda de amparo interpuesta por NORA TARAZONA CARVAJAL contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. La demandante alegó violaciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa, pero la Sala consideró que la decisión impugnada se ajustó a derecho y no incurrió en abuso de poder ni usurpación de funciones.

Analizada la presente causa con motivo de la apelación presentada por la defensa, observa la Corte que el recurrente fundamenta la apelación sobre la medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre su representada, en la ratificación de las solicitudes de nulidad de las actas de entrevista de los funcionarios y testigos, lo que ha su criterio evidencia ‘(...) que realmente no tenia (sic) el Juez de Control elementos para dictar la medida de privación de libertad en contra de [su] defendida, por cuanto al ser declaradas nulas, lo único medianamente valido (sic) es el acta y dicha acta por si sola no es un elemento pleno de convicción (...)’. En este sentido, y conforme a lo expuesto en el punto previo, no puede [esa] Corte considerar los argumentos del recurrente en cuanto la ratificación de la solicitud de nulidad que fuera negada por el tribunal de la recurrida, decisión que por demás compart[en]. Así las cosas, y siendo que el fundamento de la apelación interpuesta contra la medida privativa de libertad se basa única y exclusivamente en la pretendida nulidad de las actas de entrevistas, se hace evidente concluir que la presente apelación debe ser declarada sin lugar y así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la demanda de amparo que intentó la ciudadana NORA TARAZONA CARVAJAL contra la sentencia que dictó, el 27 de octubre de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.