Sentencia N° 1610 Constitucional TSJ 2001: Pedro Jose Garcia Velazquez vs Alberto Fernando de Araujo — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro José García Velázquez, quien impugnó una decisión del Juzgado Superior Tercero que declaró sin lugar su acción. La Sala, tras analizar los antecedentes y la motivación del caso, concluyó que no se evidenciaron violaciones a los derechos constitucionales del demandante, confirmando así la decisión del tribunal inferior. La Sala destacó que los trámites procesales fueron cumplidos y que no se presentaron elementos suficientes para determinar la existencia de fraude procesal.

Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir el recurso de apelación interpuesto y a tal efecto observa: De acuerdo con lo señalado por esta Sala Constitucional en diversos fallos, entre ellos el dictado el 27 de julio de 2000 (Caso Seguros Corporativos (SEGUCORP) C.A. y Agropecuaria Alfin S.A.), el órgano jurisdiccional en el procedimiento de amparo está facultado para valorar las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares que hayan podido lesionar los derechos fundamentales, pero no puede entrar a revisar la aplicación o interpretación del derecho ordinario por parte de la administración o los tribunales, a menos que de ellas se derive una infracción directa de la Constitución, puesto que este medio judicial no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, que pueda ser utilizada en sustitución de los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico consagra para la tutela de los derechos o intereses de los justiciables. En el caso examinado, el ciudadano Pedro José García Velázquez fundamentó la acción de amparo en el supuesto error en que incurrió el Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas al considerar, actuando como tribunal de alzada, que era admisible la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento incoada contra el mencionado ciudadano, acompañada por un documento que, según su criterio, es inexistente y no llena los extremos exigidos por el Código Civil en relación con los contratos. Igualmente alegó la incorrecta aplicación por parte del referido juez de las normas del Código de Procedimiento Civil relativas al reconocimiento o negación de instrumentos privados producidos en el juicio y la violación del derecho a la defensa y al debido proceso porque aquél no apreció sus argumentos en cuanto al error que presenta el cartel de citación expedido en el tribunal de la causa y la falta de firma del juez en el auto que ordenó la citación del Defensor ad litem. Aprecia la Sala, de los términos de la sentencia accionada, que el referido juez consideró que el demandado debió desconocer el documento acompañado al libelo de la demanda en la oportunidad de la contestación de la demanda y no en la fase de apelación de la sentencia y estimó, además, que éste y otros elementos que cursaban en el expediente, tales como el documento público de propiedad del inmueble, la Resolución de la Dirección de Inquilinato que fijó el canon de arrendamiento y la notificación judicial practicada por un Juzgado de Parroquia del deseo del demandante de no prorrogar el contrato de arrendamiento, demostraban la obligación demandada y tenían pleno valor probatorio al no haber sido impugnados ni desconocidos por la parte demandada en el procedimiento.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la apelación ejercida contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas el 30 de marzo de 2001 que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por PEDRO JOSE GARCIA VELAZQUEZ contra la sentencia dictada el 17 de octubre de 2000 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. En consecuencia, se CONFIRMA el referido fallo.