Sentencia N° 1603 Constitucional TSJ 2001: Angel Ramón Gómez Bracho vs Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 29 de agosto de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por Ángel Ramón Gómez Bracho y otros contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado sin lugar la acción de amparo constitucional. Los apelantes alegaban violaciones a sus derechos de petición, vivienda y defensa, pero la Sala concluyó que no se demostró la violación de estos derechos, ya que el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) había dado respuesta a las solicitudes de los demandantes, aunque desfavorable.

La acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante, para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance, y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. No obstante, esta Sala en la sentencia citada supra, también indicó: “La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por los ciudadanos ANGEL RAMÓN GÓMEZ BRACHO, KEILA KARINA SARRIÁ, ODIÁIS RIVERO RIVAS, HUGO ROJAS y RINA MICHELENA LARA DI GREGORI, asistido por el abogado Ángel Ramón Gómez Bracho. En consecuencia, se confirma la sentencia del 1° de noviembre de 2000 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).