Sentencia N° 1600 — Sala Constitucional del TSJ, 10 de diciembre de 2015

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de revisión constitucional presentada por Rafael Aroldo Contreras González, quien impugnó una decisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio. La revisión se fundamentó en supuestas omisiones y contradicciones en el fallo del juzgado, que declaró desistida la acción intentada por varios demandantes contra el consorcio Otepi-Inelectra-Sadaven-Toyo y Petróleos de Venezuela, S.A. La Sala analizó los argumentos y determinó que no hubo violación de derechos o principios constitucionales en la decisión impugnada. La Sala concluyó que el desistimiento de la acción fue correctamente aplicado y que no existió contradicción entre las sentencias interlocutoria y definitiva del juzgado. Además, se reafirmó que la revisión constitucional no debe ser utilizada como un medio ordinario de impugnación, sino como un mecanismo excepcional. Por lo tanto, se declaró no ha lugar la solicitud de revisión, reafirmando la decisión del juzgado de instancia.

Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la presente solicitud, no sin antes reiterar, como premisa del análisis subsiguiente, el criterio sostenido en sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000 (caso: “Francia Josefina Rondón Astor”), ratificado en el fallo N° 714 del 13 de julio de 2000 (caso: “Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda”), conforme al cual la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por esta Sala, siendo siempre facultativo de ésta, su procedencia. Por otra parte, esta Sala ha sostenido en casos anteriores que la labor tuitiva del Texto Constitucional mediante la revisión extraordinaria de sentencias no se cristaliza de forma similar al establecido para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva. Para la revisión extraordinaria el hecho configurador de la procedencia no es el mero perjuicio, sino que, además, debe ser producto de un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, de la indebida aplicación de una norma constitucional, de un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, de su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces de instancia o casación, de ser el caso, actúan como garantes primigenios de la Constitución. Solo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, en tales casos, la revisión de la sentencia (vid. Sentencia de esta Sala N° 2957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el ciudadano RAFAEL AROLDO CONTRERAS GONZÁLEZ, representado judicialmente por el abogado José Bernardo Huaman Jaules, ya identificados, de la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sede Puerto Cabello, del 16 de julio de 2010.