Sentencia N° 1600 Constitucional TSJ 2000: MELCHOR FLORES, DARÍO CASTRO, GILBERTO ORTÍZ… vs República Bolivariana de Venezuela y…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por representantes de comunidades indígenas pemón contra la República Bolivariana de Venezuela y la empresa Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), alegando violaciones a sus derechos constitucionales por la construcción de una línea de transmisión eléctrica. La Sala argumenta que los accionantes carecen de legitimación para actuar en nombre del pueblo pemón, dado que existe un acuerdo que apoya la prosecución de la obra por parte de otros representantes indígenas. A pesar de la desestimación de la acción, se ordena al Ministerio del Ambiente garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en las autorizaciones administrativas para la construcción de la línea eléctrica.

La Sala observa que, a propósito de la denuncia de violación de los derechos de los pueblos indígenas, contemplados en las disposiciones previstas en los artículos 119, 120, 121 y 123 de la Constitución de la República, y de la solicitud de suspensión inmediata de los trabajos de construcción de la línea de transmisión eléctrica Venezuela-Brasil, los accionantes afirman obrar como representantes del pueblo indígena pemón. Ahora bien, mientras la presente acción fue ejercida, en fecha 19 de marzo de 2000, por quienes afirman ser capitanes de seis (6) comunidades indígenas, acción respecto a la cual fungen como adherentes un total de cincuenta y seis (56) personas, obra en autos un acuerdo, de fecha 21 de julio de 2000, consignado por dos de los accionantes, y titulado “Puntos de entendimiento entre el Ejecutivo Nacional y las Comunidades Indígenas del Estado Bolívar para la prosecución de la obra de Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica al Sureste de Venezuela”, suscrito por el ciudadano José Luis González, titular de la cédula de identidad n° 5.234.508, en su carácter de Presidente de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar y en representación de las comunidades indígenas de los pueblos kariña, pemón, akawaio y arawako, cuyo objeto es “proseguir por parte del Ejecutivo Nacional la obra de Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica al Sureste de Venezuela”. Dicho acuerdo aparece suscrito, además, por quienes afirman ser capitanes generales, capitanes, capitanes delegados y vicecapitanes de alrededor de cuarenta y siete (47) sectores y comunidades indígenas del Estado Bolívar. En las circunstancias expuestas, y visto que la parte indígena del acuerdo en referencia, representada por el Presidente de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar y por capitanes de alrededor de cuarenta y siete (47) sectores y comunidades indígenas de dicho Estado, sostiene una posición contraria a la de los accionantes, toda vez que, mientras éstos solicitan la detención de la obra, aquéllos convienen en su prosecución, no hay duda que carece de fundamento el dicho de los accionantes, según el cual, ellos expresan la voluntad del pueblo pemón; por tanto, no cabe reconocer su legitimación para obrar en nombre y representación del citado pueblo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos MELCHOR FLORES, DARIO CASTRO, GILBERTO ORTÍZ, JESÚS MIGUEL MONAGAS, EUSEBIO CASTRO GRANES y SILVIANO CASTRO, en fecha 19 de mayo de 2000, contra la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA). Sin embargo, ORDENA al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales que, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de los representantes de las comunidades indígenas de Mapaurí, Kamoirán, San Juan de Kamoirán, San Antonio de Morichal, Marakrí, El Vapor, San José Km. 16, Paruruaca y San Luis de Morichal, proceda al diseño y ejecución inmediata de un Plan destinado a verificar y garantizar el debido cumplimiento de las condiciones y medidas de mitigación y control previstas en las autorizaciones administrativas otorgadas a la empresa C.V.G. Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), para la ocupación de territorio y para la afectación de recursos naturales renovables, a los efectos de la construcción de la línea de transmisión eléctrica Venezuela-Brasil.