TSJ/SC, Sent. N° 1586, Exp. 00-3091, 23/08/2001 · 23 de agosto de 2001
Extracto de la motiva
Una vez establecida la competencia, pasa esta Sala a decidir, en los siguientes términos: La quejosa interpuso la acción de amparo constitucional bajo la consideración de que le fueron cercenados los derechos al debido proceso, a ser juzgado una sola vez por los mismos hechos, a la inmutabilidad de la cosa juzgada y “los derechos económicos”, previstos en los artículos 49, 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 20 y 21 del Código Orgánico Procesal Penal. Como sustento de su acción alegó que la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 30 de mayo de 2000, había revocado el auto de detención que había sido dictado en su contra, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento con certificaciones falsas, por el suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, pero que posteriormente, el 6 de septiembre de 2000, la mencionada Sala Dos de la Corte de Apelaciones, cuando conocía en virtud de la apelación interpuesta contra la declaratoria de nulidad del oficio dirigido a Petróleos de Venezuela S.A. dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Penal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, declaró inadmisible dicha apelación, con el señalamiento, además que, cuando se revocaba un auto de detención, no se extinguía la acción penal. En tal sentido, observa esta Sala que el artículo 182 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, establecía la potestad que tenían los jueces de dictar, en la fase del sumario, auto de detención cuando en el proceso penal resultaba plenamente comprobada la comisión de un hecho punible que mereciera pena corporal, cuando no se encontrare prescrita la acción penal destinado a perseguir ese hecho y cuando existiesen fundados indicios de culpabilidad de alguna persona, como autor o partícipe del hecho. Esta detención establecida en la legislación adjetiva derogada, podía ser apelada por el “procesado”, cuando considerase que no estaban llenos los requisitos antes mencionados, permitiendo que un tribunal de segunda instancia, si lo consideraba procedente, pudiera revocar dicha detención judicial. Ahora bien, esta revocatoria de la detención sustentada ese el derogado artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal, podía hacerla el tribunal de la segunda instancia en el supuesto de que resultara comprobado el cuerpo del delito, pero no obstante ello, no existían fundados indicios de culpabilidad que permitiesen presumir que un ciudadano era autor o partícipe del hecho punible, lo que comportaba que la averiguación debía continuar en el Tribunal de la causa, hasta tanto se descubriese quién podía ser el autor o partícipe de ese hecho investigado, circunstancia que la establecía el derogado artículo 208 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en los siguientes términos: “Cuando de la averiguación sumaria apareciere comprobada la comisión de un hecho punible, pero no resultare indicios de quién fuere su autor, se mantendrá abierta la averiguación hasta tanto que se le descubra...omissis...” En el caso sub exámine, esta Sala observa que el 30 de mayo de 2000 la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, revocó el auto de detención dictado contra la accionante, por no existir indicios de culpabilidad, y declaró igualmente, que en los autos resultaba comprobado el delito de enriquecimiento con certificaciones falsas, previsto en el artículo 71, numeral 3, de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, por lo que la averiguación penal destinada a esclarecer la comisión de dicho hecho, tenía que seguir su curso, no existiendo cosa juzgada, dada la naturaleza cautelar de la detención judicial. En tal sentido, no se encuentra ajustado a derecho el alegato de la accionante en cuanto a que cuando le fue revocado el auto de detención dictado en su contra, se causaba la extinción de la acción penal y que por lo tanto no podía seguir conociéndose el hecho punible, al considerar que se violaba el principio de la inmutabilidad de la cosa juzgada, lo que limitaba a su consideración, que la Sala Dos de la Corte de Apelaciones no podía pronunciarse nuevamente, cuando conociese, en apelación, dealguna incidencia en el mismo proceso penal. En efecto, la revocatoria del auto de detención, en el presente caso, no extinguió la acción penal destinada a perseguir el esclarecimiento de la comisión del hecho punible previsto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y cometido en perjuicio de Petróleos de Venezuela S.A., por cuanto la averiguación penal debía seguir su curso, hasta tanto se esclareciere quién cometió el hecho investigado, por lo que el debido proceso y la garantía del non bis in idem, así como el derecho a ser enjuiciado una sola vez por los mismos hechos, que alegó la accionante como derechos que presuntamente fueron violados por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, cuando se pronunció sobre la apelación interpuesta por su persona, no fueron cercenados, a pesar de que hubiera sido declarada inadmisible la apelación y luego referirse sobre la naturaleza de la revocatoria del auto de detención. Por otro lado, observa esta Sala que la apelación de la accionante en la causa penal versó sobre la declaratoria de nulidad emitida el 30 de junio de 2000, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia para el Régimen Procesal Penal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de los autos que ordenaron la suspensión de una retención preventiva de un dinero correspondiente a las órdenes de pago de Petróleos de Venezuela S.A., a nombre de las sociedades involucradas en el juicio y el archivo del expediente. En ese sentido, observa esta Sala que dicha apelación fue declarada inadmisible por la Corte de Apelaciones, por no cumplir los requisitos exigidos en Código Orgánico Procesal Penal, pero, a pesar de ello el Tribunal de la segunda instancia señaló que el Ministerio Público podía acordar la devolución de lo que considerase el accionante que le pertenecía. En efecto, si el accionante considera que tiene derecho sobre unas retenciones que fueron decretadas por el suprimido Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, puede acudir al Ministerio Público, o en su defecto al Juez que conozca la causa, para que se pronuncie sobre si se puede o no suspender dicha retención de pagos, de conformidad con lo previsto en los artículos 319 y 320 del Código Orgánico Procesal Penal. Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala considera que, al no evidenciarse la violación de los derechos constitucionales alegados, resulta inoficioso sustanciar la presente causa, por no reunirse los extremos de procedencia para este tipo de acciones, por lo que, en búsqueda de salvaguardar los principios de celeridad y economía procesal, debe esta Sala declarar improcedente, in limine litis, la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.