Sentencia N° 1582 Constitucional TSJ 2001: Diego Josafat Moratinos Torrealba vs Fondo de Garantía de Depósitos y Protección…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que declaró inadmisible una acción de amparo presentada por Diego Josafat Moratinos Torrealba. La acción se basaba en la negativa de FOGADE de reconocer el pago de una acreencia, alegando que se habían infringido derechos constitucionales. La Sala reafirmó su competencia para conocer de la consulta y coincidió con la decisión de la Corte Primera, argumentando que el amparo no es el mecanismo adecuado para la defensa de derechos subjetivos que deben ser protegidos por otros medios jurisdiccionales.

Coincide esta Sala con la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En efecto, pretender del amparo constitucional la defensa de derechos subjetivos cuya protección se realiza mediante acciones ordinarias, es tergiversar el propósito de la acción constitucional. Precisamente, una decisión de esta Sala dictada el 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp), precisó el propósito de la acción constitucional de la siguiente manera: “... Entonces, el amparo constituye un mecanismo para proteger la situación jurídica de un ciudadano, desde la perspectiva del goce y ejercicio de los derechos fundamentales, que el acuerdo social ha incorporado a la constitución para garantizar el orden político y la paz ciudadana. Luego, esta protección, que se extiende a los intereses difusos o colectivos (en el artículo 26 de la Constitución se expresa que toda persona tiene derecho de acceder a los órganos de la administración de justicia, incluso para hacer valer los derechos e intereses colectivos o difusos) en la medida que sean expresión de derechos fundamentales, no tiene por objeto el reconocimiento de la existencia de los valores constitucionales, sino restituir en su goce y ejercicio a la persona afectada. En otras palabras, la situación jurídica del ciudadano es un concepto complejo, en el que destacan derechos y deberes, pero la acción de amparo tutela un aspecto de la situación jurídica del ciudadano que son sus derechos fundamentales, pues la defensa de los derechos subjetivos -diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas- y los intereses legítimos, se realiza mediante recursos administrativos y acciones judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo negar la posibilidad a un ciudadano de tener la condición de propietario, que una discusión acerca de la titularidad de un bien entre particulares, cuya protección se ejerce mediante una acción judicial específica: la reinvindicación. Pero, si se niega a un ciudadano su derecho a defender su propiedad, se le niega un derecho fundamental, cuyo goce y ejercicio debe ser restituido ...”. En consecuencia, tal como fue decidido en la sentencia consultada, el amparo propuesto es, sin duda, de conformidad con el numeral 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales inadmisible. Así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 14 de junio de 2000 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo propuesta por el ciudadano DIEGO JOSAFAT MORATINOS TORREALBA, en su carácter de Presidente de la sociedad de comercio SAAS CORPORACIÓN DE VENEZUELA C.A., asistido por la abogado Jacqueline Sánchez, contra el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE). Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.