Sentencia N° 1565 — Sala Constitucional del TSJ, 9 de diciembre de 2015

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Hugo Enrique Contreras Molina en representación de Miguel Antonio Ascanio Montes. La decisión impugnada fue emitida por la Sala Accidental N° 25 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, que había declarado sin lugar un recurso de apelación relacionado con la negativa de una medida alternativa de cumplimiento de pena. La Sala fundamenta su decisión en la existencia de vías ordinarias que el demandante puede utilizar para solicitar nuevamente la medida alternativa, lo que configura la causal de inadmisibilidad establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La judicialización de la fase de ejecución penal en Venezuela a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, trajo consigo la obtención de mayores garantías para los penados, así como la unificación del régimen aplicable en la fase de ejecución material de la condena. Así pues, el referido Código creó un órgano judicial -Juzgado de Ejecución- el cual sería el encargado de controlar la legalidad de la ejecución de las penas y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas mediante sentencias condenatorias firmes. En este sentido, el referido cuerpo normativo concretó una serie de mecanismos tendentes a darles discrecionalidad a los Jueces de Ejecución respecto del cómo y cuándo ejercerían su función en el control del cumplimiento del régimen penitenciario. Uno de estos mecanismos lo ejecuta en la concesión de alguna de las medidas político-criminales establecidas en el referido código para el cumplimiento de la pena y la posibilidad de su revocatoria, para el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en su aprobación. Se trata pues de una política criminal que coadyuva al cumplimiento de la norma que contiene el artículo 272 constitucional, relativo a que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”, lo que, en definitiva, se traduce en la búsqueda de la reinserción social del penado a través de un régimen de libertad anticipada.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto por el abogado Hugo Enrique Contreras Molina, actuando en su carácter de abogado defensor del ciudadano MIGUEL ANTONIO ASCANIO MONTES, contra la decisión dictada, el 12 de junio de 2015, por la Sala Accidental N° 25 de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.