Sentencia N° 1561 Constitucional TSJ 2000: Dilia Parra Guillén y otros vs Asamblea Nacional — Acción de nulidad y amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta por la Defensora del Pueblo y otros funcionarios contra la Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se argumentó que la ley impugnada contraviene los artículos 270, 279 y 112 de la Constitución, afectando el derecho a la participación ciudadana en los procesos de designación de autoridades. La Sala también consideró la urgencia del caso y estableció un procedimiento acelerado para la tramitación de la acción.

La Sala observa que ha sido ejercida la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo constitucional en contra de la Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.077 del 14 de noviembre de 2000. Al efecto, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales permite el ejercicio conjunto de la acción de amparo constitucional y el recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra actos de efectos generales. Dicho artículo faculta a este Supremo Tribunal para suspender la aplicación de una norma o acto, respecto de la situación jurídica planteada cuya violación se alega. Esta Sala, en sentencia de fecha 14 de marzo de 2000 (caso: Ducharme de Venezuela), estableció el procedimiento para tramitar las acciones de nulidad interpuestas conjuntamente con medida cautelar de amparo en la siguiente forma: “Una vez recibida en esta Sala la acción de nulidad, interpuesta conjuntamente con amparo constitucional, el Juzgado de Sustanciación de la Sala decidirá mediante auto sobre la admisibilidad de la acción principal, a menos que por la urgencia del caso la Sala decida pronunciarse sobre la admisión de la misma, supuesto en que también la Sala se pronunciará sobre el amparo ejercido conjuntamente con la referida acción de nulidad. En caso de que se declare inadmisible la acción principal, se dará por concluido el juicio y se ordenará el archivo del expediente. Para el supuesto que se admita la acción de nulidad, en el mismo auto se ordenará abrir cuaderno separado en el cual se designará Ponente, a los efectos de decidir sobre el amparo constitucional. El procedimiento de nulidad continuará su trámite por ante el Juzgado de Sustanciación, y la Sala decidirá sobre la procedencia o no del amparo constitucional. En el caso que se acuerde el amparo se le notificará de dicha decisión al presunto agraviante, para que, si lo estima pertinente, formule oposición contra la medida acordada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, supuesto en el cual se convocará para una audiencia oral y pública que se efectuará en el tercer (3º) día siguiente a la formulación de la oposición, a fin de que las partes expongan sus alegatos. En el auto en el que se fije la celebración de la audiencia oral y pública, se ordenará la notificación del Ministerio Público. Una vez concluido el debate oral, la Sala en el mismo día deliberará, y podrá: Pronunciarse inmediatamente sobre la oposición, en cuyo caso se expondrá de forma oral los términos de la decisión, la cual deberá ser publicada íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó aquélla. Diferir la audiencia oral por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas por estimar que es necesario la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público. La decisión recaída sobre el amparo constitucional en nada afecta la tramitación de la causa principal. Sin perjuicio de la forma de tramitación establecida precedentemente en el presente fallo y, justamente por ser esta la sentencia en que se consagra dicho trámite, esta Sala Constitucional, en conocimiento de que el pronunciamiento sobre la competencia y admisibilidad de la acción principal corresponde al Juzgado de Sustanciación, en aras del principio de celeridad establecido en el artículo 26 de la recientemente promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a pronunciarse sobre tales aspectos.

Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE cuanto ha lugar en derecho la acción de inconstitucionalidad, ejercido por la Defensora del Pueblo y los funcionarios adscritos a la Defensoría del Pueblo, en contra de la Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia para su Primer Período Constitucional, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.077 del 14 de noviembre de 2000. En consecuencia, en razón de la urgencia que amerita el tratamiento y decisión de la presente acción, lo que obliga a acortar los lapsos, a fin de garantizar la simplificación y eficacia del procedimiento, esta Sala de conformidad con lo previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, declara que el trámite de la acción de nulidad por inconstitucionalidad propuesta por la defensoría del Pueblo se hará de la siguiente forma: Se ordena la notificación por oficio del Presidente de la Asamblea Nacional, que fue el órgano que dictó el auto impugnado. Dicha notificación deberá estar acompañada de copia del escrito que contiene la solicitud de nulidad. Así mismo emplácese a los interesados mediante cartel, el cual será publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, en uno de los medios impresos de mayor circulación; Se concede un término de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión al Presidente de la Asamblea Nacional, y de la publicación del cartel a que se refiere el numeral anterior, para que las partes puedan presentar los alegatos y pruebas que estimen pertinentes; Concluido el término anterior, la Sala dispone de cinco (5) días hábiles para dictar su decisión. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.