Sentencia N° 1557 Constitucional TSJ 2000: Blanca Oneida Crespo de Herrera vs Juan Gabriel Morillo Barrios

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo interpuesta por la ciudadana Blanca Oneida Crespo de Herrera y el Fiscal Octavo del Ministerio Público, en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que otorgó medidas cautelares sustitutivas al imputado Juan Gabriel Morillo Barrios. La Sala argumenta que la decisión de la Corte de Apelaciones se ajustó a derecho y no vulneró los derechos de la víctima ni del Ministerio Público, garantizando el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Ambas acciones de amparo, se insiste, fueron interpuestas contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en fecha 21 de agosto de 2000, mediante la cual declaró procedente la medida cautelar sustitutiva, a solicitud de los abogados Aníbal Palacios y Santiago Gutiérrez, en su carácter de defensores del imputado Juan Gabriel Morillo Barrios, en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, tipificado en el artículo 408, ordinal 2º, del Código Penal. Mediante la mencionada decisión, se le impuso al referido imputado tres de las medidas cautelares que el Código Orgánico Procesal Penal prevé como sustitutivas de la privación judicial preventiva de libertad, a saber: a) la contenida en el ordinal 1º del artículo 265 del citado instrumento procesal, referida a la detención en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene; b) la contenida en el ordinal 8º de la misma disposición procesal, relativa a la prestación de una caución económica adecuada de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales; y c) la contemplada en el ordinal 3º , segundo aparte del artículo 266 eiusdem, que prevé la prohibición de salida del país hasta la conclusión del proceso, cuando se trate de delitos que estén sancionados con penas privativas de libertad cuyo límite máximo exceda de ocho años. Los actores le imputan a la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, la violación de los derechos a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, consagrados en la Constitución vigente, específicamente, por haber declarado la procedencia de las medidas cautelares sustitutivas, a que antes se hizo referencia, lo que a su juicio configuró además la violación del principio de ser oído en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, los derechos a la defensa e igualdad de las partes, el de finalidad del proceso, protección y reparación del daño causado a la víctima, previstos en los artículos 12, 13, 115 y 117 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE, la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana BLANCA ONEIDA CRESPO DE HERRERA, en su condición de víctima, a tenor de lo pautado por el artículo 116, ordinal 2º, del Código Orgánico Procesal Penal, asistida por abogado y por el representante del Ministerio Público, abogado MANUEL COROMOTO BRITO SÁNCHEZ, Fiscal Octavo, contra la decisión dictada en fecha 21 de agosto del año 2000 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.