Sentencia N° 1536 Constitucional TSJ 2001: Maria Elena Colmenarez Pereira vs Banco de Venezuela — La improcedencia de la acción…

La Sala Constitucional se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por los abogados de María Elena Colmenarez Pereira contra una sentencia del Juzgado Superior Tercero del Trabajo. La acción fue considerada improcedente debido a que la sentencia impugnada fue dictada dentro del lapso de diferimiento establecido, por lo que no se configuró la violación de derechos al debido proceso. La Sala determinó que no era necesario notificar a las partes para que comenzara a correr el lapso para la interposición de recursos.

Una vez establecida la competencia, pasa esta Sala a emitir el pronunciamiento correspondiente y al respecto observa que, en el presente caso se interpuso la acción de amparo constitucional contra la sentencia del 6 de octubre de 2000 dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 26 de noviembre de 1998 dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por concepto de daño moral incoada por la ciudadana María Elena Colmenarez Pereira contra el Banco de Venezuela. Ahora bien, la hoy accionante, aduce que, la violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa, se configuraron cuando el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al dictar la sentencia accionada, omitió ordenar la notificación de las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, estando en la obligación de hacerlo- a juicio de la accionante-en virtud de que el referido pronunciamiento judicial se había dictado fuera del lapso de diferimiento. Así pues, dado que, el hecho considerado como lesivo por el accionante es la omisión de ordenar la notificación de las partes a través de la sentencia, esta Sala por auto del 22 de junio de 2001, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenó al Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que informara, dentro de los dos días siguientes al momento de la notificación del mismo, los días de despacho transcurridos desde la oportunidad de presentar informes hasta el momento en el que se emitió la decisión judicial accionada. Todo ello con la finalidad de verificar si el órgano jurisdiccional fue o no garante del debido proceso.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Francisco Torres Villa y Rosa María Leal de Torres, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARIA ELENA COLMENAREZ PEREIRA, contra la sentencia del 6 de octubre de 2000 dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese.