Sentencia N° 1534 Constitucional TSJ 2000: Orlando Rafael Hidalgo Silva — Amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una solicitud de amparo constitucional presentada por Orlando Rafael Hidalgo Silva, quien alegó violaciones a sus derechos humanos y laborales. Sin embargo, la Sala determinó que el solicitante no especificó adecuadamente los derechos vulnerados ni los actos que causaron la lesión, lo que impidió establecer una relación de causa y efecto. Por lo tanto, se ordenó notificar al solicitante para que corrija su solicitud en un plazo de 48 horas, so pena de que la acción sea declarada inadmisible.

1) Como quedó resumido en el aparte anterior, el solicitante califica su escrito como una acción autónoma de amparo, agregada a la petición principal relativa a la impugnación de actuaciones emanadas de varios entes públicos, donde se ven involucradas las distintas ramas que conforman el Poder Público Nacional. 2) El accionante no señala de manera precisa los derechos constitucionales que pretende conculcados ni los actos u omisiones que causan la lesión, en forma que pueda establecerse una relación de causa a efecto. Aún más, no apoya su solicitud en ninguna de las disposiciones que regulan la acción de amparo constitucional. Luego, no es preciso el escrito en cuanto a la naturaleza de la petición interpuesta, pues la Sala no puede deducir si se trata de: a) un amparo autónomo o sobrevenido contra un acto, resolución o sentencia, emanada de un Juez o de varios; b) contra una empresa del Estado o; c) una denuncia propiamente tal en contra autoridades administrativas. De ser esta última, esta Sala Constitucional sería evidentemente incompetente. 3) El accionante hace mención inconexa a lo largo de su escrito, de varios presuntos agraviantes, primero, a jueces tanto de Primera Instancia como Jueces superiores en lo Penal, tales como Luz Álvarez Finol y Beatriz Marín de Odreman, así como integrantes de los cuerpos de Seguridad del Estado, tales como efectivos del Cuerpo Técnico de la Policía Técnica Judicial y de la Dirección de Servicios, Inteligencia y Prevención (D.I.S.I.P.) y miembros de la empresa Compañía Anónima Metro de Caracas C.A.. Asimismo, refiere una serie de hechos o situaciones genéricas, sin señalar de manera precisa la vinculación, ni aportar elementos que permitan establecerla, entre los actores mencionados y los hechos que les son imputados, ni cuáles hechos pudieron causar una lesión a derechos fundamentales. Consigna además, copias de varias decisiones, tanto de la averiguación penal instruida en su contra como de un amparo conocido en primera instancia por un Juzgado de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en contra de la referida compañía anónima, por presuntas violaciones a derechos laborales, que en su criterio, son demostrativas de sus denuncias sobre derechos humanos, derechos laborales y constitucionales así como hechos de sabotaje cometidos por líderes sindicales. Por tanto, las expresiones del accionante también adolecen de falta de precisión, en cuanto al acto objeto de la pretensión, así como tampoco aparece determinado el acto, resolución o sentencia contra el cual se dirige la solicitud. 4) Por último, además de lo explicado anteriormente, deja constancia la Sala de la difícil tarea emprendida, consistente en captar el sentido de lo razonado por el accionante, pues el escrito carece de una línea argumentativa clara, amén de una relación ordenada de los hechos en que funde su pretensión, que, de presentarse éstos de manera inteligible y de precisarse qué quiere el accionante, a este sentenciador tocaría subsumir los hechos narrados -si constituyen una inmediata y directa violación, o una inminente amenaza a los derechos y garantías constitucionales del accionante-, en los supuestos de que se hace depender la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en la norma.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena notificar al ciudadano ORLANDO RAFAEL HIDALGO SILVA, titular de la cédula de identidad nº 4.820.565, con el fin de que corrija la solicitud que interpuso ante esta Sala, en fecha 1º de noviembre de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.