Sentencia N° 1531 Constitucional TSJ 2000: Wilfredo Martínez Domínguez — Amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de amparo constitucional presentada por Wilfredo Martínez Domínguez, quien alegó violaciones a sus derechos por parte de jueces del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. La Sala consideró que el solicitante no precisó los derechos constitucionales que se alegaban como conculcados ni los actos que causaban la lesión, lo que dificultó establecer una relación de causa y efecto. Además, se observó que el escrito carecía de una línea argumentativa clara y no se determinó el acto, resolución o sentencia contra el cual se dirigía la solicitud.

1) Como quedó resumido en el aparte anterior, el solicitante califica su escrito como una acción de amparo con medida cautelar, agregada a la petición principal relativa a la impugnación de actuaciones emanadas de varios jueces que integran el Poder Judicial del Estado Guárico. 2) El accionante no señala de manera precisa los derechos constitucionales que pretende conculcados ni los actos u omisiones que causan la lesión, en forma que pueda establecerse una relación de causa a efecto. Aún más, no apoya su solicitud en ninguna de las disposiciones que regulan la acción de amparo constitucional. Además, solicita “[...] se ordene la RADICACIÓN DEL JUICIO PARA UN CIRCUITO JUDICIAL PENAL IMPARCIAL”. Luego, no es preciso el escrito en cuanto a la naturaleza de la petición interpuesta, pues la Sala no puede deducir si se trata de: a) un amparo contra un acto, resolución o sentencia, emanada de un Juez o de varios; b) una denuncia propiamente tal en contra de los Jueces que integran la Corte de Apelaciones del Estado Guárico, dada la supuesta parcialidad en sus decisiones; o c) una solicitud de radicación de juicio. De ser estas dos últimas, esta Sala Constitucional sería evidentemente incompetente. 3) El accionante hace mención inconexa a lo largo de su escrito, de varios presuntos agraviantes, primero, dell juez Miguel Cásseres González y, también, luego, a los jueces Eva Arévalo de Lobo, Sandra Mendoza Henríquez, Yajaira Mora, Fátima Dacosta, Elvira Pacheco de Simmons y Alberto Torrealba, integrantes de la referida Corte de Apelaciones, y refiere una serie de hechos o situaciones genéricas, sin señalar de manera precisa la vinculación, ni aportar elementos que permitan establecerla, entre los actores mencionados y los hechos que les son imputados, ni cuáles hechos pudieron causar una lesión a derechos fundamentales. Consigna, además, copias de varias decisiones de amparo sobrevenido y de hábeas corpus, conocidas en primera y segunda instancia, que en su criterio son demostrativas de sus denuncias por corrupción. Por tanto, las expresiones del accionante también adolecen de falta de precisión, en cuanto al acto objeto de la pretensión, así como tampoco aparece determinado el acto, resolución o sentencia contra el cual se dirige la solicitud. 4) Por último, además de lo explicado anteriormente, deja constancia la Sala de la difícil tarea emprendida, consistente en captar el sentido de lo razonado por el accionante, pues el escrito carece de una línea argumentativa clara, amén de una relación ordenada de los hechos en que funde su pretensión, que, de presentarse éstos de manera inteligible y de precisarse qué quiere el accionante, a esta Sala tocaría subsumir los hechos narrados -si constituyen una inmediata y directa violación, o una inminente amenaza a los derechos y garantías constitucionales del accionante-, en los supuestos de que se hace depender la aplicación de la consecuencia jurídica contenida en la norma. Así lo dejó dicho esta Sala en su decisión nº 7 de fecha 1º de febrero de 2000, en los términos siguientes: “[...] para el juez de amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante” (Pág. 8).

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena notificar al ciudadano WILFREDO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, titular de la cédula de identidad nº 4.877.482, con el fin de que corrija la solicitud que interpuso ante esta Sala, en fecha 21 de agosto de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 06 días del mes de DICIEMBRE del año dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.