Sentencia N° 1526 Constitucional TSJ 2001: Arnaldo Certain Gallardo vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Arnaldo Certain Gallardo contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que había declarado sin lugar la apelación interpuesta por su defensa. La Sala argumentó que la decisión de la Corte de Apelaciones se basó en un fallo de un tribunal incompetente, lo que invalidó la base del desacato que se le imputaba a Gallardo. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones, restableciendo los derechos del accionante.

De las actas del expediente, de la exposición de la representación judicial del accionante, del tercero coadyuvante y de la representante del Ministerio Público, la Sala observa: Previamente y ante el planteamiento del tercero coadyuvante alegado en la Audiencia Constitucional se debe decidir sobre ello en la forma que sigue: Con fecha 19 septiembre de 2000, esta Sala resolvió un conflicto de competencia en el cual se determinó que no era competente el Juez de Primera Instancia Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Ante tal declaratoria de incompetencia el efecto natural de la misma es que la decisión de fondo emanada de dicho Tribunal quedaba anulada, y así se declaró. En consecuencia, no hubo ultra petita cuando en el fallo de esta Sala, antes señalado, se reconoció expresamente el efecto natural de la incompetencia declarada. El Tribunal de Primera Instancia Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas que conoció el amparo, no lo hizo fundado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, de haberse fundado en la citada norma no era tampoco competente el referido Tribunal de Primera Instancia, sino uno inferior, tal como lo refirió esta Sala en la decisión del 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo). Según esta decisión, e interpretando literalmente el artículo 9 aludido, de ser cierto que dicho artículo hubiera sido invocado, no existiría sentencia de Primera Instancia, ya que como lo dice la norma, la Primera Instancia está formada por la decisión del Juez que conoce de la acción de amparo más la decisión del Juez de Primera Instancia competente que conoce de aquella en consulta. Esta Sala ha sostenido que los fallos de amparo son de ejecución inmediata, motivo por el cual las apelaciones de amparo se oyen en un solo efecto, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este sentido, el Tribunal de Juicio que decidió en Primera Instancia resolvió ajustado a derecho, ya que para la fecha existía un desacato. Pero la base de ese desacato fue la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, la cual quedó anulada, y al suceder ello, la fuente del desacato dejó de existir, motivo por el cual, sobrevenidamente quedó eliminada. Observa la Sala, que lo que se discute en el presente caso no es la ejecutoriedad inmediata de la sentencia de amparo, pues ella está garantizada en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De lo que se trata es de la existencia o no de la sentencia cuya ejecutoriedad se alega, pues al ser anulada, su principal consecuencia son sus efectos ex tunc, es decir, que tocan o atacan el origen o nacimiento mismo del objeto de la anulación. De tal suerte que sólo podía gozar de ejecutoriedad la sentencia efectivamente proferida por el órgano competente, y no participa de esta condición la sentencia cuya anulación fue declarada ab initio por la Sala. Sobre la posibilidad de que tribunales supranacionales revoquen decisiones de esta Sala Constitucional, se reitera que sobre la cúspide del Poder Judicial Venezolano no existe órgano jurisdiccional alguno que pueda revocar su fallos, y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ARNALDO CERTAIN GALLARDO, debidamente asistido por el abogado Cristóbal Rondón, contra la decisión dictada el 16 de marzo del año 2001 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por los defensores del prenombrado ciudadano contra el fallo del 13 de septiembre del año 2000, emanado del Juzgado Tercero de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, el cual condenó al prenombrado ciudadano a cumplir la pena de seis (6) meses de prisión, a las penas accesorias correspondientes y al pago de las costas procesales, por la comisión del delito de '[...] INCUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales [...]', en concordancia con los artículos 276 del Código Orgánico Procesal Penal y 16 del Código Penal. Asimismo, remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a fin de que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y se impongan la sanciones si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese, comuníquese y archívese el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.