Sentencia N° 1523 — Sala Constitucional del TSJ, 23 de noviembre de 2023

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional ejercida por Gritzko Terán contra la Defensora Pública Marigle Soledad Calatayud. Se determinó que el demandante había abandonado el trámite al no realizar ninguna actuación durante más de seis meses, lo que llevó a la Sala a declarar la pérdida de interés en la causa y a terminar el procedimiento por abandono del trámite. Además, se impuso una multa de dos mil bolívares a la parte actora por el abandono.

El artículo citado supra, constituye la norma rectora que fija la competencia ratione materiae para conocer de las demandas de amparo constitucional, cuando éstas se ejerzan de manera autónoma. En este orden de ideas, esta Sala ha reiterado que en materia de amparo constitucional el principio general es que la competencia para conocer de la demanda, corresponderá al Tribunal de primera instancia con competencia en la materia afín con la naturaleza del derecho violado, y que tenga además competencia territorial en el lugar donde se hubieran producido los hechos constitutivos de la supuesta lesión, en razón de la urgencia para el restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, de acuerdo con los principios de brevedad, gratuidad, celeridad y no sujeción a las formalidades propias del procedimiento de amparo. Así, para determinar la competencia en estos casos, debe seguirse el criterio establecido en la sentencia de esta Sala N° 1515 del 9 de noviembre de 2009, caso: “Gilber Ramón Castañeda Torrealba”), que sostuvo: “Ahora bien, la aplicación de las reglas de competencia de los tribunales contencioso administrativos, que regían para los casos de demandas de nulidad o abstención, sin duda, causaba distorsiones, al menos, desde la óptica del respeto al derecho constitucional al acceso a la justicia y a la obtención de una tutela judicial eficaz. El caso más notorio se presentaba con la incoación de Amparos constitucionales contra una autoridad nacional con ubicación fuera de la región capital, cuyo control era propio de las Cortes Contencioso Administrativas. En estos casos, salvo que el propio quejoso invocara la aplicación de la excepción a la regla de competencia en materia de amparo constitucional que recoge el artículo 9 de la Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez natural para el conocimiento del amparo en primera instancia eran las Cortes Contencioso-Administrativas y no el tribunal contencioso administrativo regional que estuviera más cercano al lugar del acontecimiento del hecho lesivo. Así, sucedía, por citar sólo algunos casos, que cuando el supuesto agraviante era una universidad nacional -Universidad del Zulia o Universidad de Los Andes- o cuando el demandado era una autoridad nacional desconcentrada, el tribunal de primera instancia, naturalmente competente, no era el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo o el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes con sede en Barinas, sino las Cortes Contencioso-Administrativas, que están ubicadas en Caracas. La Sala puso fin a esta distorsión en el fallo N° 1700/07 en el que se estableció: ‘…esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional. En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el Amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital’…”.

1. La PÉRDIDA DE INTERÉS de la parte accionante en obtener la tutela del sistema judicial, en consecuencia, se declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite en la acción de amparo constitucional “sobrevenido” ejercida por el ciudadano GRITZKO TERÁN. 2. IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00).