Sentencia N° 1522 Constitucional TSJ 2001: Fondo de Inversiones de Venezuela — La improcedencia de la acción de amparo…

La Sala Constitucional se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por el Fondo de Inversiones de Venezuela, la cual fue declarada improcedente. Se argumentó que la acción de amparo no puede ser utilizada como un medio complementario de los recursos ordinarios, y que su finalidad es restituir situaciones jurídicas infringidas por decisiones que vulneren principios constitucionales. Además, se destacó que la falta de citación a los sucesores de un causante en un procedimiento de rendición de cuentas vulnera el derecho de defensa, lo que llevó a la anulación de todas las actuaciones posteriores a la solicitud de rendición de cuentas.

La acción de amparo, necesariamente autónoma, tiene una excepción a esa característica, en el único aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en una sola hipótesis: cuando se propone en forma conjunta con un recurso contencioso administrativo. En cualquier otra circunstancia, el amparo es autónomo. No se deduce del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que permite la acción de amparo contra decisiones judiciales, una excepción al principio de autonomía ni la posibilidad de que pueda ser propuesta con el objeto de obtener una protección cautelar. Por el contrario, de su texto se infiere, evidentemente, que la acción en estos casos es siempre autónoma y no puede ser propuesta con finalidades cautelares, pues esto último constituye una excepción sólo permitida en una precisa hipótesis, en la cual no se encuentra comprendida la acción de amparo propuesta contra fallos judiciales. Además, pretender que la acción de amparo, en estos casos, puede tener naturaleza cautelar, sería una notoria sustitución de los recursos procesales. Precisamente, para evitar esa sustitución, la Sala Constitucional, en una sentencia dictada el 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca) explicó cuándo y por cuáles razones, podía ser propuesta la acción de amparo a pesar de existir un recurso ordinario: “Ahora bien, hay que apuntar que la actividad procesal puede perjudicar tanto a las partes como a los terceros, y que con miras al amparo hay que distinguir entre unos y otros, y hacer algunas precisiones, aplicables al caso bajo examen: 1.- Estas precisiones llevan a la Sala a afirmar que en cuanto a las partes, los fallos cuya apelación se oye en ambos efectos, no generan -en principio- acción de amparo alguno, si ellos contienen transgresiones constitucionales que hagan necesario acudir a dicha acción, ya que al oírse la apelación en ambos efectos, dichas sentencias no se ejecutan y los efectos de la lesión no se concretan; no pudiéndose considerar ni siquiera que hay amenaza de infracción, ya que el juez de la alzada o la casación, si la infracción constitucional la contiene el fallo de la última instancia recurrible en casación, pueden impedir la concreción de los efectos lesivos a la situación jurídica.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión dictada el 11 de julio de 1998 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; declara IMPROCEDENTE la acción de amparo propuesta por el FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA representado por la abogada Mariolga Quintero Tirado, contra la sentencia dictada el 1º de abril de 1998 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; asimismo por las razones que fueron expuestas, ANULA todos los actos de trámite que fueron realizados luego de que fuera presentada el 22 de agosto de 1988, una solicitud de rendición de cuentas en el procedimiento de cobro de bolívares iniciado por la extinta Corporación Venezolana de Fomento contra los ciudadanos Carlos González Ortiz y Nicolás Figueroa.