Sentencia N° 1515 Constitucional TSJ 2000: ALBERTO J. MELENA MEDINA y DOUGLAS FELIPE… — La inadmisibilidad de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de nulidad interpuesta por los abogados Alberto J. Melena Medina y Douglas Felipe Olivares, en contra de las previsiones de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, así como del Decreto Nº 3.145 que establece la Ley de Impuesto al Valor Agregado. La Sala argumenta que las normas impugnadas han perdido su vigencia, lo que hace que cualquier pronunciamiento sobre su contrariedad a derecho carezca de sentido.

En el caso bajo examen, como se expresó, se solicita la nulidad por razones de inconstitucionalidad de las previsiones contenidas en los ordinales 1º y 5º del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera de fecha 11 de agosto de 1993, y de los Decretos-Leyes contentivos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Timbre Fiscal, Decretos que fueron dictados en ejecución de dicha “Ley Habilitante”. Se ha solicitado la nulidad de las normas contenidas en los ordinales previstos en una “ley habilitante”, también llamada “autorizatoria”, figura ésta que se encontraba regulada en la norma prevista en el artículo 190, ordinal 8º de la Constitución de 1961, y que actualmente se encuentra establecida en el artículo 203, último aparte de la Constitución de 1999, donde se le da definitivamente la denominación de “habilitante”, sin limitar su alcance en cuanto al contenido y materia objeto de habilitación; asimismo, dicha figura es regulada por las disposiciones contenidas en el numeral 8 del artículo 236 del mismo Texto Constitucional, como una atribución del Presidente de la República para dictar Decretos con fuerza de ley, previa autorización para ello por una ley habilitante. Al respecto cabe señalar, que las leyes habilitantes se han concebido como leyes cuya razón se justifica en el principio de colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Nacional, constituye así, el traslado - de manera excepcional- de una potestad exclusiva del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, para que este último, por causa de interés público, legisle en torno a algunas materias específicas -generalmente económica o financiera- que estarán delimitadas por la ley habilitante de que se trate.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la acción de nulidad ejercida por razones de inconstitucionalidad por los abogados ALBERTO J. MELENA MEDINA y DOUGLAS FELIPE OLIVARES, antes identificados, contra de las previsiones contenidas en: a) Los ordinales 1º y 5º del artículo 1º de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, publicada en la Gaceta Oficial Nº 35.280 de fecha 23 de agosto de 1993; b) el Decreto Nº 3.145 del 16 de septiembre de 1993, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.637 Extraordinario de fecha 30 de septiembre de 1993, contentivo de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, y; c) en la última Reforma a la Ley de Timbre Fiscal contenida en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 363, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.391 Extraordinario, en fecha 22 de octubre de 1999.