Sentencia N° 151 Constitucional TSJ 2000: Mireglia Boves Bello vs Fernando Salazar — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional se pronuncia sobre la acción de amparo interpuesta por la abogada Mireglia Boves Bello, en representación del Estado Zulia, contra una decisión del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. La acción se fundamenta en la supuesta violación de los derechos a la defensa y al debido proceso, alegando incompetencia de los juzgados que conocieron el caso relacionado con un funcionario público.

Esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional; al respecto observa que, en sentencias de fecha 20 de enero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, respecto a las acciones de amparo contra sentencias que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo que corresponde a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de la acción de amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los tribunales o juzgados superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada MIREGLIA BOVES BELLO, actuando en su carácter de abogada sustituta del Procurador del Estado Zulia, contra la sentencia dictada el 30 de julio de 1999, por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la cual se ADMITE. En consecuencia, se ordena la notificación del Juez Titular o encargado del referido Juzgado Superior, a fin que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos la última notificación, más el término de distancia de ocho (8) días que se le otorga, fije la oportunidad en que ha de efectuarse la audiencia oral.