Sentencia N° 1508 Constitucional TSJ 2000: Henry O. Sánchez M. — Apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de una apelación interpuesta por el Juez Vigésimo Octavo del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en relación a una acción de amparo constitucional. La apelación se fundamentó en la supuesta violación del debido proceso y del derecho a la defensa, argumentando que el tribunal no consideró días no hábiles durante el cómputo del plazo para interponer un recurso de casación. La Corte de Apelaciones había declarado con lugar la acción de amparo, ordenando al tribunal de origen realizar un nuevo cómputo de los plazos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 27 y 257, que el “Estado garantizará una justicia (...) sin formalismos...”, y que “...no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales...”. Por su parte, el artículo 27, artículo este que consagra la acción de amparo establece que “el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad”. En sentencia de esta Sala de fecha 28 de julio de 2000, recaída sobre el caso José Vicente Pinto, se estableció lo que se considera un formalismo no esencial, y se dejó asentado que “... el Juez, de cualquier forma, debe ser prudente en cuanto a obviar formalidades en el proceso de amparo, evitando crear una inseguridad y caos jurídico a consecuencia de la desobediencia absoluta a las formalidades procedimentales establecidas en las normas legales que impliquen, por ejemplo, una violación a otros derechos y garantías constitucionales como es el caso del debido proceso”. Igualmente se estableció que “cuando la formalidad del procedimiento limita de forma evidente la protección constitucional, el juez está obligado a observar el fondo y omitir los requisitos formales con el objeto de evitar la continuidad de la presunta violación constitucional”. Por lo tanto, se puede decir que el juez constitucional debe, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, ser menos estricto en relación a algunos de los requisitos de forma señalados en la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, requiriéndose de él un mayor esfuerzo en el análisis del fondo de la acción, a fin de evitar la sujeción a formalidades que impidan la protección de los derechos fundamentales infringidos. Sin embargo, esto no quiere decir, que el juez constitucional, basándose en el principio de atenuación de los formalismos consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dicte en un procedimiento de amparo, una sentencia que no cumpla con los requisitos mínimos exigidos en la normativa vigente, ya que con ello, en lugar de obtener una justicia más rápida y transparente, lo que se crearía sería inseguridad y caos jurídico.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el Juez Vigésimo Octavo del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada por la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 30 de mayo de 2000, y en consecuencia, se ORDENA a la mencionada Sala No. 10, publicar nuevamente la decisión tomada en la audiencia oral realizada el día 27 de abril de 2000, dejando constancia (de conformidad con el artículo 365 ordinal 6º del Código Orgánico Procesal Penal) del impedimento del Juez Alí Núñez Gámez de suscribir la sentencia.