Sentencia N° 1507 Constitucional TSJ 2000: Blanca Romero de Castillo vs Consejo de la Judicatura — Homologación del desistimiento…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por la abogada Blanca Romero de Castillo contra las actuaciones del Consejo de la Judicatura que resultaron en su remoción. La Sala declaró su competencia para conocer la acción de amparo, basándose en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece un fuero especial para los altos funcionarios del Poder Público Nacional. Posteriormente, se recibió un escrito de desistimiento de la acción de amparo por parte del apoderado judicial de la accionante, el abogado Pedro Miguel Castillo. La Sala analizó la posibilidad de desistirse de la acción interpuesta, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la misma ley, y determinó que los derechos presuntamente violados no afectaban el orden público ni las buenas costumbres, por lo que procedió a homologar el desistimiento. Finalmente, la Sala declaró homologado el desistimiento solicitado, archivando el expediente correspondiente.

Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo intentada por la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, contra las actuaciones del Consejo de la Judicatura que finalizaron con su remoción del cargo de Juez Provisorio Decimoquinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, en tal sentido, esta Sala observa: Mediante sentencias de fecha 20 de enero del presente año, recaídas sobre los casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó el régimen de competencias aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo que corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los órganos y altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. A su vez, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente: “Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho constitucionales violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.” El contenido del artículo citado, en concordancia con el criterio establecido en las sentencias mencionadas, establece un fuero especial a favor de los titulares de los órganos de mayor jerarquía del Poder Público Nacional, que faculta a esta Sala para conocer de las acciones de amparo intentadas en contra de ellos. En tal virtud, esta Sala considera (al igual que lo consideró en su oportunidad la extinta Corte Suprema de Justicia), que la enumeración realizada en el artículo transcrito es enunciativa y no taxativa, en tanto que existen órganos con rango similar –dada su naturaleza y atribuciones- a los cuales debe extenderse, necesariamente, la aplicación del fuero especial consagrado en el mismo. Tal es el caso del extinto Consejo de la Judicatura, el cual fue considerado en jurisprudencia reiterada de la antigua Corte Suprema de Justicia (criterio que esta Sala aquí sostiene), como un órgano de rango similar a los enumerados en el citado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara HOMOLOGADO el desistimiento solicitado por el abogado PEDRO MIGUEL CASTILLO, actuando en su carácter de apoderado judicial de la abogado BLANCA ROMERO DE CASTILLO, en la acción de amparo constitucional interpuesta contra las actuaciones del Consejo de la Judicatura que finalizaron con la remoción de la accionante, del cargo de Juez Provisorio Decimoquinta de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.