Sentencia N° 1505 Constitucional TSJ 2001: Aída Lina Vargas — Acción de amparo constitucional

La abogada Aída Lina Vargas interpuso una acción de amparo constitucional contra una decisión de la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones que revocó una medida cautelar de libertad a favor de sus representados. La Sala Constitucional analizó la admisibilidad de la acción y determinó que no se habían vulnerado los derechos constitucionales alegados, ya que la valoración del juez sobre la detención preventiva no afectaba directamente los derechos de los ciudadanos involucrados.

De la lectura del fallo accionado, así como de los recaudos presentados al tiempo de la interposición de la presente acción, se desprende que los alegatos esgrimidos por la abogada accionante versan sobre la apreciación que tuvo el juzgador para revocar la medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, que le había sido otorgada a los ciudadanos CRISTÓBAL EDUARDO GUERRERO MORILLO y JESÚS ALBERTO CASTRO MORILLO, por un Juez de Primera Instancia en función de Juicio. Argumentó dicha abogada que ello se produjo dado que “la ciudadana Fiscal hace creer al Juez, que no se había cumplido con la detención preventiva al inicio de la investigación, y alega ´que no se (sic) había transcurrido dos años de la detención, por cuanto la misma fue interrumpida en fecha 20-07-99 a raíz de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de conformidad (sic) con las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 235 ordinales 3º, 4º, 5º y 6º ejusdem (sic), concedido por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Transición y Control ...´. Mas al respecto, ella misma alegó “[e]ste hecho es absolutamente falso, porque si bien es cierto el Código Orgánico Procesal Penal establece una detención de dos años máximo o la pena mínima correspondiente al delito que se persigue, no es menos cierto que este hecho no excluye que se conceda un beneficio de sustitución de libertad, pues los lapsos antes citados son el extremo máximo establecido por la ley para mantener preventivamente detenido al indiciado”. De esto claramente se desprende que la valoración del Juez sobre cómo debe hacer el cálculo de los dos años como límite de imposición de una medida de coerción personal –privación judicial preventiva de libertad-, es decir, si debe tomar en cuenta o no la suspensión temporal de dicha medida, en nada trastoca la esfera de los derechos constitucionales señalados como vulnerados por la accionante, por lo que esta Sala observa que se pretende, en el presente caso, utilizar el amparo como una tercera instancia, donde se revisen los criterios del sentenciador, así como el mérito del asunto planteado, no siendo procedente la vía de amparo para ello, pues ésta sólo puede hacerse valer, entre otros, contra pronunciamientos judiciales que afecten de manera inmediata y directa derechos y garantías constitucionales.

En virtud de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º) IMPROCEDENTE la acción de amparo interpuesta por la abogada Aída Lina Vargas, actuando en su carácter de Defensora de los ciudadanos CRISTÓBAL EDUARDO GUERRERO MORILLO, JESÚS ALBERTO CASTRO MORILLO y HAROLD DE JESÚS MÁRQUEZ VILLA, contra la decisión de la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, proveída el 25 de marzo de 2001, mediante la cual declaró con lugar la apelación ejercida por la Fiscal (encargada) Centésima Primera del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y revocó la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad otorgada a los prenombrados ciudadanos. 2º) exonera a los querellantes de la sanción prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que no existió temeridad.