Sentencia N° 1505 Constitucional TSJ 2000: Dinorah Paulo Albornoz — Apelación de acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la apelación interpuesta por Dinorah Paulo Albornoz contra la decisión del Juzgado Superior Quinto que declaró inadmisible su acción de amparo. La Sala consideró que la medida de secuestro dictada en un juicio donde la accionante no era parte vulneraba sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica. Se determinó que la acción de amparo era procedente para proteger los derechos de la arrendataria ante la ejecución de una medida que afectaba su situación jurídica sin haber sido parte en el proceso original.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y, en tal sentido, reiterando los criterios sostenidos en las sentencias del 20 de enero del presente año (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), se considera competente para conocer de la presente causa y así se declara. Pasa ahora a examinar los alegatos expuestos y al respecto observa: La accionante alega que el inmueble en el cual se practicó la medida de secuestro es objeto de un litigio judicial y que el juez agraviante estaba en conocimiento de ello, pues ante él se seguía el procedimiento de tacha de falsedad de documento público seguido por Ruben Bernerian Turian en contra de Gregori Muradian Ogonesjan. Que el juez agraviante igualmente tenía conocimiento de que ella ocupaba como inquilina dicho inmueble, por lo que considera que el decreto de secuestro lesiona y vulnera sus derechos constitucionales relativos a la seguridad jurídica, contenidos en los artículos 2, 3 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el principio del orden enunciativo de los derechos humanos contenidos en el artículo 22 de la misma Constitución. En sentencia del 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca), esta Sala ha considerado que: “...En cuanto a los terceros, el proceso puede afectarlos directa o indirectamente. Dentro del derecho común, los terceros tienen en las tercerías la posibilidad para oponerse a los efectos lesivos a su situación jurídica que le causen los fallos, actos u omisiones procesales, que contengan infracciones a sus derechos y garantías constitucionales. Resulta una cuestión casuística, de acuerdo a la posibilidad que la lesión se haga irreparable si no se actúa de inmediato, optar entre la tercería o la acción de amparo”. De manera que si la lesión que supuestamente está causando el daño al agraviado puede hacerse irreparable si no se actúa de inmediato, este sería el supuesto para considerar admisible un amparo interpuesto por un tercero afectado, pero si tal no es la situación, el tercero tiene una vía igualmente válida, como es la tercería.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana DINORAH PAULO ALBORNOZ contra la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo incoada contra la sentencia del 22 de marzo de 2000 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, ordena la devolución del expediente a dicho Tribunal, a fin de que proceda a admitir y tramitar la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.