Sentencia N° 1503 Constitucional TSJ 2000: George Mahfoud vs Rafael Pérez Escobar — Apelación de acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 6 de diciembre de 2000, decidió declarar con lugar la apelación interpuesta por George Mahfoud contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que había declarado inadmisible la acción de amparo. La Sala argumentó que el Juzgado Superior había cometido un error al considerar que el accionante, siendo un tercero, debía haber apelado la decisión de la medida de secuestro, cuando en realidad no era parte en el procedimiento principal y no podía oponerse a la medida de secuestro dictada sobre el inmueble arrendado. La Sala enfatizó que el amparo es un mecanismo destinado a proteger los derechos constitucionales y no puede ser sustituido por recursos ordinarios. En este caso, se consideró que el desalojo del arrendatario Mahfoud sin un juicio previo que dilucidara sus derechos era una violación a sus derechos constitucionales. Por lo tanto, se ordenó la devolución del expediente al Juzgado para que se tramitaran los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo interpuesta. Finalmente, la Sala reafirmó que el respeto a los derechos de los terceros es fundamental y que no se puede desalojar a un arrendatario sin un juicio que determine la legalidad de la medida de secuestro.

La acción de amparo -como ya se ha expresado reiteradamente en muchas sentencias de esta Sala-, persigue solventar la situación cuando se han producido violaciones constitucionales. El amparo no es sustitutivo de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino que es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y el ejercicio de los derechos constitucionales, y su uso es improcedente para un fin distinto del que le es propio. Lo importante es que la situación jurídica de aquél a quien le infrinjan derechos constitucionales no se haga irreparable. En el caso en examen, el poseedor precario, o sea, el arrendatario del inmueble secuestrado, no tenía el recurso de apelación para impugnar la decisión que negaba la suspensión de la medida, al no ser parte en el procedimiento, y en todo caso, mientras no se dilucidaran sus derechos no podía ser desalojado. Su situación es distinta a la del tercero opositor al embargo, cuya oposición está contemplada expresamente en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 546 y siguientes). Si bien en el presente caso, se trata de una medida de secuestro, el principio sigue siendo el mismo, es decir no puede desalojarse al arrendatario, por una medida dictada en un procedimiento en el cual él no es parte. En todo caso el ciudadano Mahfoud, como tercero, tendría la opción de una tercería o de la acción de amparo, y esta última sería la vía correcta si se han producido infracciones de sus derechos y garantías constitucionales, ya que de aceptarse como vía útil y única el amparo para que los terceros afectados por una medida cautelar hagan valer sus derechos, quedaría vacío de contenido el ordinal 1º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, porque siempre sería más breve y célere el amparo.

Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano GEORGE MAHFOUD contra la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo incoada contra la sentencia del 28 de abril de 2000 emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y en consecuencia ordena la devolución del presente expediente a dicho Tribunal, a fin de que analice los restantes requisitos de admisibilidad y proceda a tramitar la acción interpuesta, si fuere el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.