Sentencia N° 1491 Constitucional TSJ 2001: Joel Abraham Monjes vs Valentín Emilio Castillo Lemus — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Joel Abraham Monjes en representación de Valentín Emilio Castillo Lemus, quien fue objeto de una medida privativa de libertad. La Corte de Apelaciones había declarado sin lugar la acción de amparo, lo que motivó la consulta a la Sala Constitucional. La Sala analizó la legalidad de la detención y la prolongación del proceso penal, concluyendo que no se habían violado derechos constitucionales.

[...] La presente acción de amparo fue interpuesta por el defensor del ciudadano Valentín Emilio Castillo Lemus, contra la decisión del Juzgado Cuadragésimo de Control del referido Circuito Judicial Penal, que acordó su detención judicial preventiva de libertad, en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, tipificado en el artículo 408, ordinal 1º del Código Penal, cuyo fundamento es la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales consagrados en los artículos 44, 49, numerales 2 y 3 de la Constitución vigente, referidos a la libertad y seguridad personales, el debido proceso, la presunción de inocencia y el ser juzgado sin dilaciones indebidas, en concordancia con los artículos 9, párrafo tercero, 14, párrafo tercero, literal c, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5, párrafo tercero, de la Convención Europea de Derechos Humanos. El objeto del procedimiento en el juicio de amparo constitucional, sobre todo, contra decisiones judiciales, viene determinado por una pretensión de carácter constitucional, que incide en uno de los derechos o garantías tutelados por la Carta Magna, cuya procedencia, depende entre otras cosas, de la respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios y de la conducta del particular frente al órgano a quien se le imputa la lesión. Por ello se impone analizar si de la actuación jurisdiccional recurrida se desprende lesión alguna a un derecho o a una garantía constitucional. En el presente caso, la parte actora le imputa a la Sala nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la violación del derecho a la libertad y seguridad personales, de la presunción de inocencia y de la garantía del debido proceso, al considerar que se ha prolongado en el tiempo la medida privativa de libertad acordada en la audiencia preliminar, sin obtener respuesta alguna respecto al juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio calificado investigado. En el proceso penal, el dictamen de la medida privativa de libertad comporta por parte del juez de control acreditar la existencia de los supuestos previstos en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, supuestos que, en este caso, fueron cumplidos por el Juez Cuadragésimo de Control al resolver la pertinencia de dicha medida. Concluida la fase preliminar, el expediente de la causa fue remitido al Juez de Juicio para la continuación del proceso, y una vez recibidas se iniciaron los sorteos y las citaciones respectivas de las personas que participarían como jurados conforme lo dispone el artículo 168 del Código Orgánico Procesal Penal. Así, del informe presentado el 7 de marzo de 2001, por la juez segunda de juicio, Dra. Flor María Tineo, presuntamente agraviante, se desprende lo siguiente: [...]

CONFIRMA la decisión dictada el 21 de junio de 2001, por la Sala nº 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado Joel Abraham Monjes, adscrito a la Unidad de Defensoría Pública Penal del mismo Circuito, en nombre y representación del ciudadano VALENTÍN EMILIO CASTILLO LEMUS, contra la decisión del Juzgado Cuadragésimo de Control del referido Circuito Judicial Penal, que acordó la detención judicial preventiva de libertad del prenombrado ciudadano en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, tipificado en el artículo 408, ordinal 1º del Código Penal.