Sentencia N° 1478 — Sala Constitucional del TSJ, 4 de noviembre de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre un recurso de nulidad interpuesto por ciudadanos en representación de la asociación civil Ciudadanía Activa, contra un decreto ley. Los recurrentes alegan vicios de usurpación de funciones y violaciones a la reserva legal y principios democráticos. La Sala determina que, al no solicitar medidas cautelares, el Juzgado de Sustanciación debe pronunciarse sobre la admisión del recurso.

De conformidad con su sentencia N° 1795 de 19 de julio de 2005, caso: Inversiones M7441, C.A, a esta Sala compete únicamente –y de manera excepcional- la admisión de aquellas demandas de nulidad por inconstitucionalidad en las cuales se interponga, además, alguna o varias solicitudes cautelares, mientras que será el Juzgado de Sustanciación el que habrá de admitir, de conformidad con el artículo 19, párrafo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas demandas en las que no se planteen pretensiones cautelares o ameriten pronunciamientos previos. Se observa, entonces, que la Sala ha declarado ya, con carácter general, que en casos como el presente, en el cual ha sido demandada la nulidad por inconstitucionalidad sin solicitud de medida cautelar que amerite pronunciamiento previo, el Juzgado de Sustanciación debe pronunciarse sobre la admisión del recurso, motivo por el cual se ordena la remisión del expediente al referido juzgado, a los fines de emitir el pronunciamiento respectivo. Así se ordena.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, ORDENA LA REMISIÓN AL JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN del presente expediente, contentivo del recurso de nulidad incoado por los ciudadanos OSCAR LUCIEN, CARLOS VILLASMIL y MARÍA DE OTEIZA, contra el DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY SOBRE LA CONDECORACIÓN ORDEN 4 DE FEBRERO, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.618 del 1 de febrero de 2007.