Sentencia N° 1471 Constitucional TSJ 2001: Angelino Santana y Carlos Ojeda vs Instituto Autónomo de Policía del Estado…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Angelino Santana y Carlos Ojeda contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy. El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo declaró sin lugar la pretensión. La Sala se pronunció sobre su competencia para conocer la consulta, determinando que corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Como se refirió en el encabezamiento del presente fallo, el Presidente y el Tesorero de la Asociación Civil Caja de Ahorros de los Trabajadores al servicio de la Gobernación del Estado Yaracuy, introdujeron una acción de amparo constitucional contra el Instituto Autónomo de Policía de ese Estado ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte. Dicho Juzgado, actuando como si se tratara de uno de los tribunales de primera instancia a que alude el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales declaró sin lugar la pretensión. Al respecto, debe recordarse que esta Sala ha reconocido (ver sent. 980/2000 de 6 de junio, caso: Amado Nell Espina) que a los tribunales contencioso administrativos, tanto ordinarios como especiales, les corresponde, en principio y según la particular distribución competencial que las leyes respectivas les han atribuido, el conocimiento de los amparos autónomos (salvo en lo que concierne a la Sala Político- Administrativa, según los razonamientos expuestos en la sentencia n° 1/2000 de esta Sala) y cautelares en primera instancia, independientemente de la denominación que identifique al tribunal, siempre que la pretensión deducida guarde relación con el conjunto de potestades asignadas a dichos tribunales.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA la competencia en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para resolver la consulta respecto de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte del 10 de abril de 2000, recaída a propósito de la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Angelino Santana y Carlos Ojeda, actuando en su condición de Presidente y Tesorero, en el mismo orden, de la ASOCIACIÓN CIVIL CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES al servicio de la Gobernación del Estado Yaracuy.