Sentencia N° 1468 Constitucional TSJ 2001: Ana Consuelo Jaimes Delgado vs Isidoro Vicente Camejo Romero — La inadmisibilidad de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Consuelo Jaimes Delgado en representación de Isidoro Vicente Camejo Romero. La decisión se basa en que la acción fue presentada fuera del lapso de caducidad establecido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que habían transcurrido más de seis meses desde la notificación de la decisión que dejó vigente la medida cautelar impugnada. La Sala argumenta que el tiempo transcurrido desde la interposición de la acción de amparo hasta su resolución fue considerable, lo que llevó a la Corte a considerar que la solicitud fue formulada de manera extemporánea. Además, se menciona que las decisiones judiciales impugnadas ya habían sido objeto de impugnación por vías ordinarias, lo que refuerza la inadmisibilidad de la acción. Finalmente, se confirma la decisión de la Corte de Apelaciones que había declarado inadmisible la acción de amparo, y se ordena remitir el expediente al tribunal de origen.

En el caso bajo examen, la representación judicial del ciudadano Isidoro Vicente Camejo Romero accionó en amparo constitucional contra decisiones del suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, por medio de las cuales se ordenó la práctica de una serie de medidas precautelativas sobre bienes de la presunta propiedad del ciudadano Isidoro Vicente Camejo Romero, en la ocasión del juicio que le seguía el referido Juzgado por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales. Alegó la representación del accionante que desde que fueron dictadas tales providencias cautelares, hasta la interposición de la solicitud de amparo constitucional bajo examen, habían transcurrido más de un (1) año y ocho (8) meses desde que fueran dictadas, “tiempo durante el cual mi poderdante se ha visto impedido de realizar sus labores, pues sus bienes, cuentas y empresas se encuentran cerradas”. Ahora bien, observa esta Sala que desde la interposición de la acción de amparo constitucional, hasta su resolución por medio de la sentencia objeto de consulta, transcurrió un lapso considerable, de más de cinco (5) años, tiempo durante el cual, como la lógica impone, el proceso principal en el marco del cual se suscitó esta acción de amparo constitucional atravesó distintas etapas. Ello se supone que motivó a la Corte a quo a solicitar información sobre diversos aspectos de la causa a la Presidencia de la Sala Accidental Primera de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del mismo Circuito Judicial Penal, la cual informó que, en efecto, la causa principal, luego que el Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira dictó la decisión del 2 de mayo de 1994, a que hiciera referencia el accionante, “el Ministerio Público anunció recurso de casación en fecha 05-05-94, el cual fue declarado con lugar por la Sala de Casación Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, anulando dicho fallo y ordenando remitir el expediente a un Tribunal de Reenvío en lo Penal”. En tal orden de ideas, informó que “inicialmente fue dictada una sentencia por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal de fecha 15-02-96, la cual fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en virtud de recurso de nulidad formalizado por el Ministerio Público. Posteriormente pasó el juicio al Tribunal Tercero de Reenvío en lo Penal, el cual dictó sentencia en fecha 12-08-97, la cual también fue anulada por el Máximo Tribunal de la República, siendo este último fallo de casación el cual ordenó dictar la última sentencia de Reenvío dictada la última sentencia dictada en dicha causa, por el Tribunal Segundo de Reenvío en lo Penal, la cual es de fecha 13 de septiembre de 1999”. Esta última decisión confirmó el auto de detención dictado por el Juzgado de Primera Instancia accionado, decretó la prohibición de salida del país del accionante y, además, sentó que “igualmente se ratifican todas las medidas de inmobilización (sic) de cuentas bancarias, aseguramiento, cierres de casas de cambio, prohibiciones de salida del país, prohibiciones de enajenar y gravar, y otras que fueron decretadas durante la instrucción sumarial por el tribunal de la causa, y las tomadas por la Guardia Nacional.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Ana Consuelo Jaimes Delgado, en representación del ciudadano Isidoro Vicente Camejo Romero, contra actuaciones judiciales del suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se CONFIRMA la decisión objeto de consulta, proferida por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, el 4 de septiembre de 2000. Publíquese, y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Tribunal de origen.