Sentencia N° 1455 — Sala Constitucional del TSJ, 4 de junio de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a la solicitud de revisión presentada por los ciudadanos Clara Elisa Ortiz y Cándido José Droez Quiroz, declaró que no ha lugar a la revisión de las sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa. Los solicitantes argumentaron que las sentencias impugnadas adolecían de vicios en el control difuso de constitucionalidad y en la interpretación del debido proceso. Sin embargo, la Sala Constitucional concluyó que las sentencias no contradecían la jurisprudencia establecida y que no existían errores de interpretación que justificaran la revisión.

La apoderada judicial de los ciudadanos Clara Elisa Ortiz y Cándido José Droez Quiroz fundamentó su solicitud con base en las siguientes consideraciones: Que sus representados interpusieron “sendos recursos contenciosos administrativos de anulación ante la Sala Político Administrativa de este magno tribunal, en fecha 13 de julio del 2000, en impugnación de las decisiones tácitas denegatorias del Ministerio del Interior y Justicia, confirmatorias de los actos administrativos dictados en fecha 13 de enero del 2000 por el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, (...), con los cuales se les destituyó de los cargos que ejercían en ese organismo de seguridad del Estado Venezolano”. Señaló, que ambas sentencias fueron ponencias de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, tratándose de fallos idénticos, con iguales motivaciones para decidir, siendo ello así, consideró oportuno acumular las pretensiones referidas a ellos en el presente escrito. A tal efecto, indicó que dichas sentencias adolecían de vicios, revisables por esta vía y el primero de ellos era el errado control difuso de la constitucionalidad de las normas reglamentarias, toda vez que ambas sentencias, citaron por una parte que el fallo dictado el 12 de julio de 2001, identificado con el N° 1450, mediante el cual se resolvió inaplicar por inconstitucionales los artículos 31 y 73 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, y luego mencionó que como el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policial Judicial, había sido derogado por la Ley de los Organos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, publicada en Gaceta Oficial N° 5551 del 9 de noviembre de 2001, y el acto administrativo recurrido fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, debían ser aplicadas las normas sancionatorias del Reglamento Disciplinario que rige a los funcionarios de la Policía Técnica Judicial, en virtud de la inconstitucionalidad del Reglamento Interno para la Administración del Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional de las sentencias dictadas el 29 de enero y 18 de junio de 2002 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, interpuesta por el abogado Antonio Mantilla Little, con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Clara Elisa Ortiz y Cándido José Droez Quiroz. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.