Sentencia N° 1439 Constitucional TSJ 2000: María Zamora RON vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admite la acción de amparo constitucional interpuesta por María Zamora Ron contra la Resolución No. S.G. 003013, que acordó su suspensión del cargo de Juez Titular. La accionante argumenta que la medida es lesiva de sus derechos al debido proceso y a la defensa, ya que no se cumplen los requisitos para su aplicación. La Sala, al establecer su competencia, determina que la acción es admisible y ordena la notificación de las partes para la audiencia correspondiente.

La presente acción de amparo fue interpuesta en contra de la Resolución No. S.G. 003013 dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, mediante la cual se acordó “medida cautelar de suspensión” de la accionante del cargo de Juez Titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas y, en contra de “todas las irregularidades procesales que han rodeado el procedimiento administrativo disciplinario” seguido en su contra. En este sentido, la Sala observa: La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, es un órgano creado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el Decreto que regula el Régimen de Transición del Poder Público, de fecha 22 de diciembre 1999, reimpreso finalmente el 28 de marzo de 2000 y publicado en Gaceta Oficial No. 36.920. En dicho Decreto, se estableció que los derechos y obligaciones asumidos por la República, por órgano del Consejo de la Judicatura, quedarían a cargo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (artículo 23). Asimismo, se atribuyó a dicha Comisión la competencia disciplinaria judicial que correspondía a los Tribunales disciplinarios, “hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislación que determine los procesos y Tribunales disciplinarios” (artículo) 24, así como el ejercicio de las atribuciones ejercidas por la Comisión de Emergencia Judicial (artículo 26). En este contexto, se tiene que la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, es el órgano llamado a sustituir a la Comisión de Emergencia Judicial, ejerciendo la función disciplinaria que a ésta le correspondía, hasta tanto se apruebe “la legislación que determine los procesos y Tribunales disciplinarios”. Ahora bien, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos u omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”. En este sentido, esta Sala al delimitar su competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional incoadas en contra de los actos, actuaciones u omisiones emanados de dichos órganos, mediante decisión de fecha 19 de julio de 2000 (Caso: Carmen Teresa Brea Escobar), estableció lo siguiente: “En el ordenamiento jurídico constitucional venezolano, no solo han sido establecidos los organismos de mayor relevancia que integran la Administración Pública Nacional (a cuya mención se reduce insuficientemente el artículo 8 citado), sino también los sujetos públicos detentadores de las demás funciones del Poder Público a nivel nacional, como ya se apuntó. Por lo tanto, y merced a una interpretación sistemática de dicho ordenamiento, procede realizar una aplicación extensiva del propio artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en razón de lo cual concluye esta Sala que en dicha disposición debe entenderse incluidas las máximas autoridades y los órganos de mayor jerarquía de los organismos que ejercen, a nivel nacional, la función del Poder Público, por lo que las pretensiones de tutela constitucional contra actos, acciones u omisiones de dicha Comisión deben ser procesados por ante este máximo Tribunal en su Sala Constitucional.

1º ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA ZAMORA RON en contra de la Resolución No. S.G. 003013 de fecha 3 de mayo de 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y, en contra de “todas las irregularidades procesales que han rodeado el procedimiento administrativo disciplinario iniciado” en su contra. En consecuencia, se ORDENA la notificación del Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ciudadano Manuel Quijada y de la parte actora antes mencionada, para que concurran a la audiencia oral y pública, el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificadas como sean sus notificaciones en el presente expediente. 2º Notifíquese de la presente acción al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese, y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.