Sentencia N° 1438 Constitucional TSJ 2000: Rafael Jose Mendoza Tovar vs Universidad de LOS Andes — Competencia en acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente de amparo constitucional interpuesto por Rafael José Mendoza Tovar contra la Universidad de Los Andes. El caso se originó por la remoción de su cargo sin el debido proceso. La Sala, tras analizar el conflicto de competencia, determinó que el Tribunal competente para conocer de la acción era el Tribunal de la Carrera Administrativa, dado que el demandante es un funcionario público y la acción se relaciona con sus derechos laborales.

Visto el conflicto planteado y siendo esta la Sala competente como máximo intérprete de la jurisdicción constitucional para resolver los conflictos de competencia en materia de amparo (expediente N. 551 caso María Flor Márquez García), pasa a decidir lo planteado y a tal efecto observa: Como ha sido señalado, el primero de los tribunales que planteó el conflicto negativo de competencia fue el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y el segundo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual se declaró igualmente incompetente, estableciendo en su decisión que el competente era el Tribunal de Carrera Administrativa, razón por la cual remitió el expediente a la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, a los fines de la regulación de la competencia. En tal sentido, es menester precisar que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha previsto el régimen de competencia atribuido a los tribunales para conocer las acciones de amparo constitucional, en los siguientes términos: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Si un juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia”. Del análisis de la norma transcrita, se desprende que en la misma se establece un criterio de forma general atributivo de competencia en materia de amparo en razón de: (i) el grado de la jurisdicción (Tribunales de Primera Instancia), (ii) la materia (afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violados o amenazados), y (iii) el territorio (en el lugar donde hubiere ocurrido el hecho, acto u omisión inconstitucional). Establecido lo anterior y considerando que la competencia por el territorio y por el grado de la jurisdicción no es controvertida, resulta determinante para el caso de autos, precisar que el accionante, tal como lo estableció la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, es un funcionario público que se considera lesionado en sus derechos derivados de la relación de empleado público que ostentaba, con motivo de la labor que desempeñaba en la prenombrada Universidad, la cual es un ente de carácter público que forma parte de la estructura general del Estado.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que el Tribunal competente para conocer la acción de amparo constitucional incoada por los abogados Luís Alberto Martínez Marcano, Fidel Leonardo Monsalve Moreno y Raúl Eduardo Useche Pernía, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano RAFAEL JOSE MENDOZA TOVAR, contra la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, es el Tribunal de la Carrera Administrativa. En consecuencia, se ORDENA la remisión del presente expediente al referido Tribunal.