Sentencia N° 1437 — Sala Constitucional del TSJ, 22 de octubre de 2014

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Armando David Guiñan García, en defensa de Hjalmar José Ferreira Infante, contra la decisión de la Sala Accidental n.° 5 de la Corte de Apelaciones del Estado Vargas. La acción fue motivada por la negativa a cesar la medida de privación judicial preventiva de libertad, alegando violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. La Sala concluye que no se configuran las violaciones constitucionales alegadas, ya que los diferimientos del juicio fueron en su mayoría por incomparecencia del acusado y no imputables al órgano jurisdiccional.

Ahora, como quiera que la acción de amparo constitucional se ejerció contra un acto que emana de un órgano jurisdiccional, concretamente: la sentencia que dictó, el 07 de abril de 2014, la Sala Accidental n.° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial de Estado Vargas, esta Sala estima oportuno acotar que, conforme al criterio reiterado de este Máximo Tribunal, este tipo de demanda constituye un mecanismo procesal con características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de otras vías existentes para la impugnación de dichos actos jurisdiccionales, razón por la cual a las demandas de amparo constitucional contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han señalado presupuestos especiales para su procedencia, esto es: cuando el juez haya actuado fuera de su competencia, de manera que lesione un derecho constitucional. De allí que, su incumplimiento, conlleva a la desestimación de la pretensión, incluso “in limine litis”. Respecto a tales requisitos, esta Sala, en sentencia n.º 1019, de fecha 11 de agosto de 2000, caso: Nardo Antonio Zamora, estableció lo siguiente: Del análisis del artículo transcrito, y buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el juez del cual (sic) emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal (…). Este criterio fue reiterado, entre otras, en las sentencias n. 1250, del 07 de octubre de 2009, caso: Jesús Alberto Mena; 1009, del 26 de octubre de 2010, caso: Francisco Jiménez Villalba; 1151, del 22 de junio de 2007, caso: Aldo Mancilla y otros; 241, de fecha 04 de marzo de 2011, caso: Beatriz Planez de La Cruz; y, 1665, del 06 de diciembre de 2012, caso: Brígida Rosa Fernández Silva, conforme al cual la solicitud de amparo interpuesta, con base en el citado artículo 4, debe precisar no solo que la actuación se encuentre fuera de la competencia del órgano jurisdiccional denunciado como agraviante, sino que, además, debe indicar de qué manera dicha actuación vulnera derechos constitucionales del accionante, toda vez que por ser el amparo una acción de naturaleza exclusivamente constitucional, no interesa la disputa o conflicto que subyace al mismo, sino únicamente si en la resolución de dicho conflicto se han vulnerado garantías constitucionales.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE “IN LIMINE LITIS” la acción de amparo propuesta por el Defensor Público Undécimo Penal adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Vargas, abogado Armando David Guiñan García, en su carácter de defensor del ciudadano HJALMAR JOSÉ FERREIRA INFANTE, contra la decisión que dictó, el 07 de abril de 2014, la Sala Accidental n.° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas.