Sentencia N° 1436 Constitucional TSJ 2000: Ana Luisa Gonzalez vs William Fariñas — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirma la decisión del Tribunal Superior Tercero del Trabajo que declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por Ana Luisa González. La Sala considera que la decisión impugnada no lesionaba los derechos constitucionales del accionante, ya que el Juzgado Superior actuó dentro de su competencia al notificar a la Procuraduría General de la República y establecer un lapso para su intervención. Se concluye que no hubo abuso de poder ni infracción de normas constitucionales.

Es requisito de procedencia del amparo contra decisiones judiciales, que el Juez accionado haya actuado fuera del ámbito de su competencia, entendida esta no sólo desde el punto de vista procesal -por la materia, territorio y cuantía- sino también cuando exista abuso o extralimitación de funciones. Al respecto, puede apreciar esta Sala que el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en referencia mediante el cual se admitió la demanda intentada, ordenó la notificación del Procurador General de la República, fijándose la contestación de la demanda una vez que transcurrieran los 90 días a que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría. Así, estimó el acto impugnado que los referidos noventa (90) días debían transcurrir íntegramente para que la Procuraduría General de la República pudiera entenderse por notificada. Ahora bien, dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República lo siguiente: “Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador General de la República de toda demanda, oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, obre contra los intereses patrimoniales de la República. Dichas notificaciones se harán por oficio y deberán formar criterio acerca del asunto. El Procurador General de la República deberá contestarlas en un término de noventa (90) días, vencido el cual se tendrá por notificado”. (Negrillas de la Sala). Al respecto, puede apreciar esta Sala que la referida disposición expresamente dispone que vencido los noventa (90) días es que se tendrá por notificado al Procurador General de la República, de lo cual puede interpretar esta Sala que no es sino luego de haber transcurrido íntegramente los referidos días que puede entenderse que la Procuraduría fue notificada. Así las cosas, no abusó ni se extralimitó en sus funciones el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, cuando dictó el acto objeto de la acción de amparo, y dispuso que la comparecencia de la Procuraduría General de la República era al tercer día luego de que hubieran transcurrido los noventa días previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En virtud de las razones antes expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la decisión del Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas de fecha 06 de abril del año 2000, mediante la cual se declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana ANA LUISA GONZALEZ, a través de su apoderado judicial Jesús Alberto Dicurú Antonetti. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.