Sentencia N° 1430 Constitucional TSJ 2000: Municipio Valencia — Acción de amparo constitucional del Municipio Valencia

El Municipio Valencia interpuso una acción de amparo constitucional contra un auto del Juzgado Superior que declaró inadmisible un recurso de casación. La Sala Constitucional, tras analizar los hechos, concluyó que la falta de notificación al Síndico Procurador Municipal no impidió el acceso a la justicia ni el agotamiento de los recursos legales. Por lo tanto, se declaró inadmisible la acción de amparo, considerando que el accionante había optado por las vías judiciales ordinarias.

La Sala observa que: en fecha 19 de enero de 2000, el a quo declaró sin lugar la apelación ejercida contra un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia, relativo a un punto de la experticia complementaria de la sentencia definitiva y firme dictada en la causa; en fecha 3 de febrero de 2000, la apoderada judicial del Municipio ejerció recurso de casación contra el auto en referencia; en fecha 8 de febrero de 2000, dicho recurso fue declarado inadmisible; en fecha 22 de febrero de 2000, el a quo ordenó remitir el expediente al Juzgado de la causa; en fecha 1° de marzo de 2000, el Síndico Procurador Municipal solicitó la nulidad del auto del 22 de febrero del mismo año, así como la reposición de la causa al estado de que se le notificase del auto que declaró inadmisible el recurso de casación; en fecha 2 de marzo de 2000, el a quo declaró que no tenía materia sobre qué decidir, por haber remitido el expediente al Juzgado de la causa; en fecha 9 de marzo de 2000, la apoderada judicial del accionante anunció recurso de casación contra el auto del 2 de marzo del mismo año; en fecha 14 de marzo de 2000, el a quo declaró sin lugar el pedimento de nulidad y reposición del Síndico Procurador Municipal; en fecha 22 de marzo de 2000, la apoderada judicial del accionante anunció recurso de casación contra el auto del 14 de marzo del mismo año, denegatorio del pedimento de nulidad y reposición; en fecha 27 de marzo de 2000, el a quo negó la admisión del recurso en referencia; en fecha 30 de marzo de 2000, la apoderada judicial del accionante solicitó al Juzgado de la causa que remitiese el cuaderno separado al Juzgado Superior “a fin de que se me permita interponer el recurso de hecho”; en fecha 31 de marzo de 2000, el Juzgado de la causa, el mismo día en que recibió el expediente y un cuaderno separado; remitió este último al Juzgado Superior; en fecha 6 de abril de 2000, la apoderada judicial del accionante anunció recurso de casación contra el auto del 27 de marzo del mismo año, denegatorio del recurso de casación anunciado el 14 de marzo del mismo año; en fecha 11 de abril de 2000, la apoderada judicial del accionante solicitó la reposición de la causa, al estado de reapertura del lapso previsto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, para interponer los recursos de hecho a que hubiere lugar, y para “solicitar las copias certificadas de los actos procesales, a fin de ocurrir ante la Corte (hoy Tribunal Supremo de Justicia) de hecho ...”; y, en fecha 24 de abril de 2000, la apoderada judicial en referencia solicitó copia certificada de los folios del expediente contentivos de los autos del 19 de enero y del 22 de febrero de 2000. De la relación que antecede se desprenden, entre otras, las siguientes conclusiones: que, encontrándose en conocimiento de la causa, el accionante agotó el recurso ordinario de nulidad contra el auto del 22 de febrero de 2000; que igualmente agotó el recurso de casación contra el auto denegatorio del pedimento de nulidad; que, encontrándose dentro del lapso de ley, y vista la providencia denegatoria del citado recurso de casación, pudo haber ejercido el recurso de hecho, tal y como lo señaló al Juzgado de la causa, en la oportunidad en que solicitó la remisión del cuaderno separado al Juzgado Superior; y que, en lugar de ejercer el recurso de hecho, anunció recurso de casación contra la providencia denegatoria de otro recurso del mismo orden. En las circunstancias expuestas, la Sala estima que la falta de notificación del Síndico Procurador Municipal no impidió al accionante el acceso y conocimiento del curso de la causa, ni el agotamiento de los recursos de ley. En particular, el ejercicio de estos últimos significa que el presunto agraviado optó por las vías judiciales ordinarias, con lo cual se configuró la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el MUNICIPIO VALENCIA del Estado Carabobo contra el auto dictado, en fecha 22 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Publíquese, regístrese y archívese.