Sentencia N° 1426 Constitucional TSJ 2000: Isabel María Fulcado González vs Juzgado Superior Séptimo en lo Civil…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel María Fulcado González contra el Juzgado Superior Séptimo por su falta de pronunciamiento sobre una apelación. La Sala, tras evaluar los argumentos, determinó que la omisión del tribunal no vulneró derechos constitucionales, ya que se constató que el Juzgado Superior había emitido una sentencia posterior que resolvía la apelación. Por lo tanto, se declaró inadmisible la acción de amparo.

Corresponde a esta Sala decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por el apoderado judicial de la ciudadana Isabel María Fulcado González, contra la falta de pronunciamiento proveniente del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en torno a la apelación que intentó en contra del auto de fecha 12 de mayo de 1999, emitido por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Vistos como han sido los argumentos contenidos en la presente acción de amparo constitucional, debe esta Sala decidir si efectivamente la omisión cuestionada violó o no los derechos constitucionales denunciados por la accionante. En este sentido se hacen las siguientes consideraciones: Como ya se ha dicho reiteradamente, el amparo constitucional exige para su admisión y procedencia, la violación directa de derechos y garantías consagrados en la Constitución, proveniente de una acción u omisión, de cualquiera de los órganos o autoridades del Poder Público o de los particulares. De esta manera, se precisa una vez más, que es procedente la acción de amparo constitucional contra las conductas omisivas de los tribunales, por cuanto, al igual que los demás órganos del Poder Público, están obligados a dar oportuna respuesta a las peticiones o solicitudes que les dirija cualquier ciudadano. (artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta en fecha 29 mayo de 1999, por el abogado Héctor Segundo Pirela Solarte, apoderado judicial de la ciudadana ISABEL MARIA FULCADO GONZALEZ, contra la conducta omisiva proveniente del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de pronunciarse acerca de la apelación interpuesta por la referida ciudadana, en contra del auto de fecha 12 de mayo de 1999, emitido por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.