Sentencia N° 1413 Constitucional TSJ 2000: Miguel Antonio Arnaez Marquez — Amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo interpuesta por Miguel Antonio Arnaez Márquez contra una sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy. El demandante alegó violaciones a sus derechos al debido proceso y a la defensa. Tras la audiencia, la Sala consideró que la sentencia impugnada no vulneró derechos constitucionales y que el análisis de las pruebas realizado por el juez de la causa se ajustó a su facultad de apreciación. Finalmente, se declaró sin lugar la solicitud de amparo.

La presente acción de amparo pretende que se examinen las razones de mérito en que se fundó el sentenciador de la segunda instancia para pronunciar su fallo. Esta Sala ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que los motivos de juzgamiento forman parte de la soberanía de apreciación del Juez de la causa, y que ello no da lugar a la acción de amparo. En cuanto al análisis de las pruebas, el mismo no da lugar a violaciones constitucionales, por cuanto dicho análisis consta en el fallo; y en referencia a la motivación, el hecho de que la misma sea exigua, tampoco da lugar a la violación del debido proceso. Finalmente, si bien la recurrida no hizo mención de algunos testimonios, conducta procesal que esta Sala encuentra digna de reproche, se estima que, de haberse analizado los mismos, como se evidencia de la lectura del expediente, el resultado de dicho análisis no hubiese alterado los términos del fallo.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MIGUEL ANTONIO ARNAEZ MARQUEZ, asistido por el abogado Carlos Rafael Abreu Granado, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, de fecha 3 de marzo de 2000, alegando la presunta violación de los derechos al debido proceso, la defensa y la igualdad entre las partes, consagrados en el artículo 49 de la Constitución vigente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.