Sentencia N° 1412 Constitucional TSJ 2000: Leslis Moronta Lopez vs Lourdes Ortega de Palma — Admisión de acción de amparo…

La Sala Constitucional admite la acción de amparo interpuesta por Leslis Moronta López en nombre de su hija Analy del Valle González Moronta, contra la sentencia del Juzgado Superior de Menores que declaró inadmisible un recurso de apelación. La Sala establece su competencia para conocer de la acción y considera que no se presentan causales de inadmisibilidad. Además, se acuerda una medida cautelar innominada debido al riesgo de daños irreparables por la ejecución de la sentencia impugnada.

En primer lugar, debe pronunciarse esta Sala Constitucional acerca de su propia competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional. A tal efecto se observa que, tal y como lo señaló esta Sala en su decisión de fecha 20 de enero del 2000 (caso Emery Mata Millán), corresponde a esta Sala Constitucional la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. En tal sentido, y por cuanto la sentencia objeto de la presente acción fue dictada por un Tribunal Superior, la competencia para conocer del presente amparo corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y así se declara. En referencia a la admisibilidad de la acción, estima esta Sala que no se presentan las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgánica de Amparo. En tal virtud, la presente acción de amparo ha de ser admitida, y así se decide. En relación a la medida cautelar innominada solicitada, se observa: La Sala considera que, en efecto, existe un peligro de daños irreparables, pues como consecuencia de la sentencia objeto de la presente acción, quedaron sin efecto las medidas de prohibición de enajenar y gravar dictadas en fechas 21-10-98 y 14-02-2000 en el juicio de alimentos incoado por la parte accionante. Ello acarrea el riesgo de que los bienes sobre los cuales dichas medidas recaían, sean dispuestos de tal manera que una eventual sentencia favorable en el juicio de alimentos resultare inejecutable.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la presente acción de amparo, interpuesta por la abogada Leslis Moronta López, en nombre de su hija menor, ciudadana ANALY DEL VALLE GONZALEZ MORONTA, contra la sentencia dictada en fecha 12 de junio del 2000 por el Juzgado Superior de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En consecuencia, ordena a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: 1°) Notificar a la ciudadana LOURDES ORTEGA DE PALMA, para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; al oficio en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. 2°) Informar a la ciudadana LOURDES ORTEGA DE PALMA, en su calidad de Presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, su deber de notificar a la ciudadana Lenis González, quien solicitase la perención de la instancia que finalmente fue declarada mediante la sentencia objeto de la presente acción de amparo, para que concurra a enterarse del día y hora de la audiencia constitucional que fije la Secretaría de esta Sala, y a fin de que en su oportunidad exprese los argumentos que estime convenientes; a la notificación en cuestión deberá anexarse copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. La referida Juez deberá hacer saber inmediatamente a esta Sala sobre el cumplimiento de este mandamiento. 3°) Notificar al ciudadano Angel Alfonso González, padre de su menor hija accionante, de esta decisión, de la cual le sería enviada copia en anexo al oficio de notificación, para que concurra a enterarse del día y hora en que haya sido fijada la audiencia constitucional por la Secretaría de esta Sala, a fin de que en la correspondiente oportunidad exponga los argumentos que estime convenientes. 4°) Notificar al Ministerio Público sobre la apertura del procedimiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem. 5°) Fijar la audiencia oral, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga de la presente decisión. Se ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada y consecuentemente se suspenden los efectos de la sentencia dictada en fecha 12 de junio del 2000 por el Juzgado Superior de Menores del Estado Zulia, lo cual implica que las medidas de prohibición de enajenar y gravar dictadas en fechas 21 de octubre de 1998 y 14 de febrero del 2000 por el Juzgado Tercero de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siguen estando vigentes. Se ordena oficiar al Registrador de la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, para que deje sin efecto el levantamiento de tales medidas que se hubiere realizado.