Sentencia N° 1407 Constitucional TSJ 2000: Celso Rafael Rodríguez Leon — La improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo constitucional presentada por los abogados de Celso Rafael Rodríguez León, quien había sido privado de libertad por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. La Corte había negado la libertad condicional al acusado, lo que fue considerado por los abogados como una vulneración de su derecho a ser juzgado en libertad. La Sala, tras analizar los alegatos, concluyó que la decisión de la Corte de Apelaciones no violaba preceptos constitucionales y que la acción de amparo era improcedente. La Sala argumentó que la privación de libertad del acusado se basó en elementos de convicción que justificaban la medida, y que la nulidad decretada por la Corte de Apelaciones no implicaba automáticamente la libertad del imputado. Se reafirmó que las decisiones de los jueces en materia de privación de libertad son legítimas y deben ser respetadas, siempre que se ajusten a las normas legales y constitucionales. Finalmente, la Sala declaró improcedente la acción de amparo, ordenando el archivo del expediente y reafirmando la competencia de la Sala Constitucional para conocer de este tipo de acciones.

La pretensión de tutela constitucional está basada en la decisión proferida el 9 de agosto de 2000, por la prenombrada Corte de Apelaciones, la cual, conforme se lee del anexo “E” del amparo interpuesto en fecha 22 de agosto de 2000, contiene la siguiente motivación: “ [...] En el caso bajo estudio, el acusado CELSO RAFAEL RODRÍGUEZ LEÓN, está privado de libertad por cuanto el Tribunal en su oportunidad consideró que había peligro de fuga, en virtud de que el delito por el cual acusa la Fiscalía, es un delito que afecta gravemente la economía de los estados que se dedican como principal fuente, de su actividad laboral a la cría y venta de ganado. No puede interpretarse que siempre procederá la libertad cuando se anule un juicio, pues los jueces deberán tomar en cuenta que lo que se persigue es la celebración lo antes posible del JUICIO ORAL y se corrijan las fallas que condujeron a la anulación del primero. En el presente caso se hace una interpretación restrictiva del Principio de Afirmación de Libertad contenido en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, estima la Corte que no siempre habrá que negar la libertad, se analizará cada caso en particular y se negará o se acordará de acuerdo al asunto sometido a consideración de esta Corte”. Esta situación –según alega la parte accionante- vulnera el precepto constitucional consagrado en el artículo 44, numeral 1 de la Constitución vigente, el cual prescribe el derecho que tiene toda persona de ser juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por los jueces en cada caso. Es decir, se ataca en amparo la decisión de un juez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, al haber negado la libertad provisional por aplicación de un supuesto criterio jurídico no acorde con las normas adjetivas contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE, la acción de amparo constitucional incoada por los abogados José Luis Díaz Oropeza y Luis Montenegro, actuando en nombre y representación del ciudadano CELSO RAFAEL RODRÍGUEZ LEON, contra la decisión dictada en fecha 9 de agosto del año 2000, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de la Sala el archivo del expediente.