Sentencia N° 1405 Constitucional TSJ 2000: Marcos Ronald Marcano Cedeño vs Comisión de Funcionamiento y Reestructuración…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcos Ronald Marcano Cedeño contra la Resolución nº 851 de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. El demandante alegó violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso, tras ser desplazado de su cargo como Juez Provisorio sin el debido procedimiento administrativo. La Sala consideró que la acción de amparo era procedente y ordenó la restitución del demandante en su cargo.

La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial es un órgano de rango constitucional, creado por la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria judicial a nivel nacional. En este sentido, la Sala Constitucional debe conocer de las acciones de amparo interpuestas contra sus actos. En el caso presente, se ha demostrado que el demandante fue despojado de su cargo sin el debido proceso, lo que constituye una violación a sus derechos constitucionales. Por lo tanto, se ordena su restitución en el cargo que ocupaba.

1.- ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MARCOS RONALD MARCANO CEDEÑO, asistido por la abogada Romy Renata Rodríguez Perdigón, contra la Resolución nº 851 de fecha 11 de mayo de 2000 dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL. 2.- ORDENA a la Secretaría de la Sala: Primero: Notificar mediante oficio a la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, en la persona de su Presidente, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la referida Secretaría para la audiencia constitucional. Segundo: Notificar al Ministerio Público sobre la continuación del procedimiento en la presente acción de amparo. Tercero: Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga del presente pronunciamiento. 3.- Declara IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada.