Sentencia N° 1395 Constitucional TSJ 2001: Iván Darío Badell González — Que anula disposiciones de la Constitución del Estado…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la acción de nulidad interpuesta por el Fiscal General de la República contra las normas del Capítulo VII de la Constitución del Estado Aragua, que establecían la figura del Defensor del Pueblo. Se argumentó que estas disposiciones violaban la Constitución de 1961 y la Ley Orgánica de Descentralización, al usurpar funciones del Ministerio Público y crear un ente que afectaba la unidad de acción de este último.

Como ya se indicó, en el presente caso se demandó la nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, de las normas previstas en el Título III, Capítulo VII de la Constitución del Estado Aragua denominado “Del Defensor del Pueblo de Aragua”, instrumento normativo aprobado el 27 de enero de 1995 y publicado en la Gaceta Oficial de ese Estado número Extraordinario del 20 de febrero de 1995, así como la nulidad del artículo 177 eiusdem correspondiente a la fecha de la designación del Defensor del Pueblo de dicho Estado y al período de duración de sus funciones. Ello así, resulta necesario destacar que en criterio de esta Sala Constitucional, en el presente caso, se evidencia del texto de la Constitución del Estado Mérida, aprobada en fecha 7 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial de ese Estado N° 7 Extraordinario, de fecha 20 de abril de ese mismo año, que el Poder Legislativo del Estado Mérida no asumió competencias asignadas constitucionalmente al Poder Legislativo Nacional para regular la actividad del Ministerio Público, por lo que la trasgresión constitucional alegada no encuadra en el vicio de usurpación de funciones (...) Sin embargo, conteste con el criterio transcrito, en esta oportunidad se observa que la entonces Asamblea Legislativa del Estado Aragua no incurrió en el vicio de usurpación de funciones, no obstante, creó ex novo un ente al cual atribuyó algunas competencias que antes, por mandato constitucional, correspondían al Ministerio Público y que hoy día tienen éste y la Defensoría del Pueblo, tal como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 281 establece: “Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo: 1. Velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento.

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta por el Fiscal General de la República, contra las normas previstas en los artículos contenidos en el Capítulo VII de la Constitución del Estado Aragua, denominado “Del Defensor del Pueblo de Aragua”, del 27 de enero de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del dicho Estado, número Extraordinario el 20 de febrero de 1995. En consecuencia, se ANULAN todas las disposiciones previstas en los artículos contenidos en el Título VII de la Constitución del Estado Aragua relativos al “Del Defensor del Pueblo de Aragua”, así como el artículo 177 eiusdem relativo a la designación del aludido funcionario. Se fijan los efectos de este fallo con carácter ex nunc, es decir, a partir de la publicación de este fallo por la Secretaría de esta Sala Constitucional.