Sentencia N° 1394 Constitucional TSJ 2000: Asociación de Vecinos de la Urbanizacion… vs Ministro de Energia y Minas

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por la Asociación de Vecinos de la Urbanización Lomas de San Rafael de la Florida contra el Ministro de Energía y Minas. Se determinó que la Sala Constitucional es competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra altos funcionarios, conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala consideró que la acción de amparo había permanecido inactiva desde el 28 de octubre de 1998, lo que llevó a declarar la perención de la instancia. Se argumentó que la inactividad procesal de las partes durante más de un año justificaba la extinción del proceso, dado que no existían intereses de orden público que justificaran su continuación. Finalmente, se declaró extinguida la instancia, ordenando la publicación y registro de la decisión.

Como punto previo, observa esta Sala que, para dilucidar lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional que ha de conocer de la presente acción de amparo constitucional, es necesario indicar lo siguiente: En este sentido, establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazadas de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás órganos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”. No obstante, respecto a la norma jurídica antes transcrita esta Sala, en sentencia de fecha 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán vs. El Ministro y el Viceministro del Interior y Justicia), señaló: “Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, debido a su condición de juez natural de la jurisdiccional constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la creación de una Sala con competencia constitucional, origina un criterio orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitución). Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así: 1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la Perención de la instancia y, en consecuencia, Extinguida la instancia. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente Cúmplase lo ordenado.