Sentencia N° 1390 Constitucional TSJ 2001: Oscar Meza, Rosangela Castellanos, Pedro… vs Hugo Rafael Chavez Frias

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por ciudadanos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela contra el Presidente de la República. Los accionantes alegaron violaciones a sus derechos a la libertad sindical y a la igualdad ante la ley, debido a declaraciones hostiles del Presidente. Sin embargo, la Sala determinó que la acción era inadmisible por no cumplir con los requisitos probatorios necesarios y por el transcurso del tiempo desde los hechos denunciados.

La Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia del 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra actos dictados por los altos funcionarios a que hace alusión el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra supuestas actuaciones del Presidente de la República, autoridad incluida dentro de la enumeración de altos funcionarios conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción, y así se decide. Una vez analizado el contenido de la acción propuesta encuentra esta Sala que el hecho lesivo denunciado comenzó -tal como lo confiesan los propios accionantes en su libelo- “desde su propio arribo al poder el ciudadano Presidente”, es decir, dos (2) años antes de la interposición de la presente querella constitucional, motivo por el cual, al transcurrir los seis (6) meses que prevé dicha norma para considerar inadmisible la acción por consentimiento expreso de la lesión constitucional alegada, la misma devendría inadmisible. Pero aun cuando pudiera estimarse que los efectos de la lesión no han cesado o que la misma adquirió una nueva configuración a raíz de los recientes hechos denunciados por los actores -2 de abril y 3 de mayo de 2001- respecto de los cuales se afirma que el Presidente de la República, con su actuación, ha distorsionado la percepción del pueblo venezolano respecto a la actividad sindical y que se parcializa con una determinada organización en detrimento de las que representan los accionantes, la acción de amparo ejercida resultaría igualmente inadmisible, por las razones que a continuación se exponen: Ha sido criterio reiterado de esta Sala, respecto a los elementos probatorios que necesariamente deben acompañar el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, que “…el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud oral o escrita, las pruebas que desea promover...” (sentencia del 1º de febrero de 2000, caso: José Amando Mejía). También señaló la Sala que la prescindencia o insuficiencia de tales elementos da lugar a la inadmisibilidad de la acción en aquellos casos en que el solicitante no demuestre fehacientemente la certeza de los hechos denunciados, ya que sin ello difícilmente podría colegirse la debida y necesaria relación de causalidad entre la acción u omisión lesiva y el agente que la produce. En otros términos, la carga probatoria capaz de generar la presunción del agravio, indispensable para abrir a trámite el proceso, no puede ni debe ser suplida por la Sala. Así fue expresado en sentencia de fecha 29 de junio de 2001, caso: Eliezer Vivas Blanco y otros.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Oscar Meza, Rosangela Castellanos, Pedro Moreno, Froilán Barrios, Dick Guanique y Luis Irausquin, actuando en su propio nombre y en su carácter de integrantes de la Junta de Conducción Sindical de la CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CTV), asistidos por los abogados Jesús Urbieta y León Arismendi, quienes también actúan en su propio nombre y como integrantes de la mencionada Junta de Conducción Sindical, contra el ciudadano HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, en su condición de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.