Sentencia N° 138 Constitucional TSJ 2000: Francisco Ramos — La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Ramos contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Monagas. La controversia se origina en un decreto de arresto disciplinario impuesto a Ramos, quien alegó violaciones a sus derechos constitucionales. La Sala argumenta que la vía del amparo se agota con la consulta prevista en la Ley Orgánica de Amparo, y al haberse revisado la decisión por la Corte de Apelaciones, no puede ejercerse un nuevo amparo.

La mencionada Corte de Apelaciones, en virtud de la consulta en amparo, revocó la decisión dictada por el Tribunal de Control y en su lugar declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta. Contra esta última decisión, el ciudadano Francisco Ramos, mediante apoderado, ejerció una nueva acción de amparo constitucional ante la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, siendo posteriormente la misma remitida a esta Sala Constitucional. De lo anterior se deduce que el ciudadano Francisco Ramos ejerce un amparo constitucional contra una decisión que a su vez revisó –por consulta- otra decisión de amparo interpuesta por el mismo. En este contexto debe esta Sala señalar que la vía del amparo se agota, en casos como el de autos, con la consulta prevista en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, una vez revisada la decisión del Tribunal de Control por parte de su superior jerárquico -Corte de Apelaciones- ésta queda firme.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Francisco Ramos, contra la decisión que emitiera la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Monagas, el 8 de septiembre de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.