Sentencia N° 1378 Constitucional TSJ 2000: Guillermo Segundo Doria Isea vs CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE DE CARACAS y…

El Teniente Coronel GUILLERMO SEGUNDO DORIA ISEA interpuso una acción de amparo constitucional contra el Consejo de Guerra Permanente de Caracas y la Corte Marcial, alegando violaciones a sus derechos constitucionales tras ser condenado por un delito militar. La Sala Constitucional del TSJ se declaró incompetente para conocer de la acción contra el Consejo de Guerra, pero admitió la acción contra la Corte Marcial por su omisión en tramitar el recurso de apelación. La decisión establece que se ordena la notificación a la Corte Marcial para que se lleve a cabo la audiencia correspondiente.

Observa la Sala que la presente acción de amparo contiene dos peticiones distintas: a) la primera, se refiere a las violaciones que denuncia el accionante y que tuvieron lugar con la decisión tomada por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas en fecha 26 de noviembre de 1999; y b) la segunda, es contra la Corte Marcial, relacionada con la conducta omisiva de dicha Corte, que no tramitó ni se pronunció sobre la apelación interpuesta por el hoy accionante, contra la decisión del Consejo Permanente de Guerra y tampoco decidió nada en la acción de amparo interpuesta por el agraviado ante dicha Corte, para que resolviera sobre la apelación. Considera la Sala, que en la primera pretensión, la acción de amparo interpuesta contra la decisión emanada del Consejo de Guerra Permanente, no le compete a esta Sala Constitucional conocerlo, por cuanto siendo la Corte Marcial, el superior jerárquico del Consejo de Guerra Permanente, es ella quien tiene la competencia para conocer y decidir la acción de amparo incoada y solo competerá a esta Sala conocer, en consulta o apelación de la decisión que la Corte Marcial pronuncie. Razón por la cual se declara incompetente para conocer de esta primera acción de amparo constitucional. Y en cuanto a la segunda, la solicitud con respecto a la conducta omisiva de la Corte Marcial al no tramitar el recurso de apelación, ni la acción de amparo interpuesta, esta Sala acogiéndose al criterio asentado en sentencias del 20 de enero del presente año (casos Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja) se considera competente para conocer de la misma, y así se declara. Una vez establecida su competencia, debe determinarse su admisibilidad y a tal efecto, esta Sala estima que: a) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir, el que ha cesado la violación de los derechos denunciados como conculcados; b) la presunta violación es inmediata, posible y realizable por la conducta de la Corte Marcial; c) la violación denunciada constituye una situación reparable; d) no ha habido consentimiento expreso o tácito por el presunto agraviado; e) la parte accionante no ha hecho uso de los recursos ordinarios o de los medios judiciales preexistentes; f) no está pendiente de decisión ante otro tribunal una acción de amparo con relación a los mismos hechos en que se fundamenta la acción propuesta. En virtud de lo anterior, esta Sala observa que por lo que respecta a esta segunda acción no incurre en ningún supuesto de inadmisibilidad contenido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se ha cumplido con los requisitos de la solicitud contenidos en el artículo 18 eiusdem. Todo ello hace que resulte admisible la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.

1.- Su Incompetencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Teniente Coronel de la Guardia Nacional GUILLERMO SEGUNDO DORIA ISEA contra el Consejo de Guerra Permanente de Caracas por la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 1999. 2.- Se ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el Teniente Coronel de la Guardia Nacional GUILLERMO SEGUNDO DORIA ISEA contra la conducta omisiva del la CORTE MARCIAL. 3.- Se ORDENA la notificación del Presidente de la Corte Marcial o de quien haga sus veces, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral. Igualmente se ordena remitir copias certificadas tanto de la presente decisión, así como del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación antes ordenada. 4.- Se ORDENA igualmente, notificar al Fiscal General de la República de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.